Resoluciones injustas de la Administración!

Por María Isabel Blasco Robert.

Abogada en A Coruña

 Como os decía la semana pasada, luchar contra la Administración es complicado, pero no imposible. Os reitero que al fin y al cabo la Administración está formada por personas y como todos, en muchas ocasiones se equivoca.

 Al hablar Administración en general, sabemos que se divide en muchos departamentos y sectores. Así que podremos encontrarnos con multitud de resoluciones de todo tipo. Entre todas las que se dictan, están las que afectan a los menores.

¿Nos hemos planteado lo que ocurre cuando un menor está en manos de unos padres que no son capaces de protegerlos y cuidarlos adecuadamente? Con una denuncia a los organismos competentes, son estos los que actúan rápidamente con la finalidad de preservar su protección.

Para ello tenemos varias leyes, normativa de la Unión Europea, Leyes a nivel nacional y autonómicas, que nacieron para complementar la Ley Orgánica 17/1996 de 15 de enero. Estas Leyes priorizan el interés superior del menor, intentando que sus necesidades básicas se vean satisfechas y que su vida se desarrolle en un entorno familiar apto y libre de violencia.

En el momento que se tiene conocimiento de cualquier causa de peligro de un menor, la Administración despliega todos los medios para retirarlo de las manos de sus padres y llevarlo a un centro donde se le den los cuidados que necesite, o valorando otras opciones, como el acogimiento o incluso la adopción. En estos dos últimos casos entregan a los menores a una familia a la que previamente valoran para ver si puede hacerse cargo del menor, comprobando si poseen las aptitudes necesarias para darle la formación, cuidados, educación y cariño, proporcionándole todo lo necesario para procurar su bienestar.

Esta situación del menor con la familia puede ser temporal o de carácter permanente. En caso de ser temporal, el objetivo más habitual de la Administración es que los menores regresen con su familia de origen. Ello muchas veces se convierte en un problema porque hay que analizar y comprobar si los padres biológicos están realmente preparados y recuperados para cuidar de sus hijos de manera adecuada. Si realmente lo están, todo es fantástico, pero ¿y si no lo están y la Administración se equivoca? ¿Qué ocurre entonces?

Que comienza una batalla legal contra la Administración, tarea ardua y complicada, porque como suele ocurrir la Administración siempre cree estar en posesión de la verdad absoluta, pero en muchas ocasiones, esto no es así. Aquellos que comienzan una batalla legal, tan solo les queda confiar en la justicia. Al fin y al cabo, son los jueces los que dirimen los conflictos, los que con mucho esmero y cuidado deben estudiar bien la situación puesto que se trata de salvaguardar y proteger a los menores, resultando muchas veces difícil tomar una decisión al respecto.

Como siempre digo, a la Administración no se le debe temer nunca. A veces gana las batallas, pero no siempre la guerra. Ella juega “en casa” y parte con ventaja. Por ese motivo, hay que ser persistente y no rendirse.  Quizás nos costará mucho tiempo y dinero, pero no debemos dejar que se salga con la suya, sobre todo si pensamos que no tiene razón, lo que ocurre muy a menudo.

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