6 de cada 10 familias de origen migrante ha perdido temporalmente el empleo por la crisis del coronavirus

Cerca del 40% de los hogares de origen migrante ha tenido que pedir ayuda económica a amigos y familiares o se ha visto obligado a pedir alimentos durante el confinamiento. La ONG Save the Children ha lanzado la campaña #QueNadieQuedeAtrás para denunciar la desprotección de las familias en situación de pobreza durante la emergencia y para reclamar medidas urgentes que las protejan

En el contexto de la crisis por coronavirus y para influir en los planes de reconstrucción que el Gobierno está elaborando, Save the Children ha analizado la situación de las familias de origen migrante durante el confinamiento. La investigación alerta de que 6 de cada 10 familias de origen migrante ha perdido temporalmente el empleo y 7 de cada 10 ha sufrido un recorte de sueldo de manera temporal. Para la ONG es especialmente preocupante que casi el 30% de las familias migrantes haya perdido su trabajo de manera permanente y que 1 de cada 5 haya tenido un recorte de sueldo permanente.

El estudio forma parte de la encuesta online que Save the Children ha hecho junto a 40db a más de 1.800 niños, niñas, y sus familias en toda España para conocer su situación económica o cómo les afecta el cierre de colegios en el confinamiento. Los resultados muestran que más del 66% de las familias de origen migrante están en situación de vulnerabilidad, el doble que en el caso de las familias españolas. Save the Children explica que los hogares con padres o madres de origen migrante se han visto enormemente afectados por la crisis al concentrarse en ocupaciones sin cualificación, en actividades de la económica informal, en trabajos de temporalidad excesiva o incluso en situaciones de subempleo.

“Antes de la pandemia, España era el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo entre la población migrante, solo por detrás de Grecia. Estas familias ya se encontraban entre las más vulnerables antes de la Covid-19 y esta crisis ha amplificado las desigualdades”, señala Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

La encuesta indica que más de la mitad de los hogares de origen migrante ha tenido que reducir sus gastos en alimentación o retrasar recibos y pagos del alquiler desde el inicio del estado de alarma. La falta de recursos también se refleja en que aproximadamente el 40% de las familias migrantes ha tenido que pedir ayuda económica a amigos y familiares o se han visto obligadas pedir alimentos durante el confinamiento, más del doble que en el caso de las familias españolas. Además, en comparación con antes del confinamiento, el tipo de alimentación que siguen las familias migrantes también es peor (20%) o bastante peor (2,6%).

Sobre la educación de los niños y las niñas, 3 de cada 10 familias migrantes no tiene acceso a internet o no tiene buenas condiciones de conectividad, por lo que la infancia de estos hogares tiene más dificultades que el resto para continuar con su educación mientras los colegios permanecen cerrados. Casi un 36% de los niños y las niñas de origen migrante usan el teléfono móvil para hacer los deberes, ya que la gran mayoría no dispone de ordenador propio.

“La brecha educativa ha crecido en los últimos meses. Desde que empezó el confinamiento, la infancia en pobreza tiene mayor riesgo de suspender, repetir curso o incluso dejar su educación. En los planes de respuesta a la emergencia se deben tomar medidas para evitar que niños y niñas con pocos recursos se descuelguen por completo de la educación”, apunta Conde.

Medidas para proteger a las familias migrantes

El estudio está enmarcado dentro de la campaña #QueNadieQuedeAtrás que Save the Children ha lanzado para denunciar la falta de compromiso político con las familias en situación de pobreza durante la pandemia y para reclamar al Gobierno y a todos los partidos políticos que actúen para proteger a los colectivos más vulnerables. En particular, la ONG pide que las personas que estaban en situación de irregularidad tengan medios para vivir dignamente en este momento tan excepcional y exige herramientas para evitar que muchas otras caigan en situación de irregularidad por el impacto de la pandemia.

Por ello, Save the Children propone que las medidas adoptadas para la recuperación tras la pandemia, como la renta mínima, el apoyo a las familias o las prestaciones por hijo a cargo, incluyan a todos los hogares en situación de vulnerabilidad, independientemente de su situación administrativa. El requisito que la organización considera relevante en este sentido es el de estar empadronado o tener residencia efectiva durante un mínimo de 12 meses (de manera continuada e inmediatamente anterior a la solicitud).

Asimismo, la organización considera importante la adopción y financiación de un nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración (PECI) como marco de actuación para la reincorporación al mercado laboral de las personas de origen migrante se han quedado sin empleo, incluyendo medidas de apoyo para jóvenes ex tutelados.

Save the Children también propone medidas para el reconocimiento de un permiso de residencia y trabajo a través de contrataciones en los sectores esenciales, lo que contribuiría a paliar los efectos de esta crisis en los hogares de origen migrante. Entre ellas, se incluye:

  • Permitir contrataciones de personas en situación de irregularidad administrativa que ya se encuentren en territorio español en los sectores sanitario, agrario, doméstico, cuidados, limpieza y otros servicios esenciales. A los beneficiarios de esta medida debería concedérseles un permiso de residencia y trabajo de un año de duración y permitir su renovación bajo las condiciones del Reglamento de la Ley de Extranjería.
  • Otorgar una autorización por circunstancias excepcionales a las personas en situación de irregularidad administrativa que no han sido expulsadas durante la vigencia del estado de alarma y que han estado en detención administrativa hasta su puesta en libertad.
  • Flexibilizar los requisitos económicos, laborales y de cotización exigidos por ley para la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo para los permisos que caduquen a partir de enero 2021. Habría que adaptarlos a la situación del mercado laboral con el fin de evitar que haya situaciones de irregularidad sobrevenida por las consecuencias de la emergencia por coronavirus.

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