CCOO: “El gobierno de Feijóo aprovechó la crisis de la COVID-19 para privatizar servicios públicos en empresas de Florentino Pérez”

Desde lo inicio de la pandemia, el sindicato venía exigiendo el reforzamiento de los servicios de limpieza en los distintos edificios públicos, y así se hizo constar en todos los alegatos del sindicato a los protocolos de reincorporación al trabajo presencial. La Consellaría de la Presidencia asumió esta necesidad, sin embargo, lo hizo mediante la contratación de una empresa privada para acometer la limpieza de los juzgados gallegos.

La petición de CCOO, tal como recoge un escrito inscrito el pasado 4 de mayo, se concretaba en el reforzamiento de los servicios de limpieza de los juzgados a través de los listados públicos de contratación temporal, al amparo del estipulado en el capítulo IV, artículo séptimo, del Convenio Único de la Xunta de Galicia.

Las personas que forman parte de estos listados tuvieron que abonar una tasa para se inscribir en ellas y la mayoría ya cuenta con experiencia y formación para el desarrollo de su trabajo. Además, estos llamamientos también incrementan sus posibilidades de optar a un puesto de trabajo estable en la Administración.

Esta misma petición de reforzamiento de los servicios de limpieza también la hizo CCOO para las oficinas del Servicio Público de Empleo de Galicia; para los archivos, bibliotecas y museos; para los edificios administrativos y para el resto de centros y dependencias de la Xunta de Galicia. En opinión del sindicato, la adopción de medidas de reforzamiento de la limpieza y la desinfección son «especialmente importantes para salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras, así como de las personas usuarias».

Sin embargo, en vez de acudir la estos listados públicos, la Consellaría de la Presidencia decidió contratar la empresa Clece, que pertenece al Grupo ACS —del empresario Florentino Pérez—, además de modificar y ampliar los contratos con otras entidades privadas que prestan este tipo de servicios.

La primera fase de esta privatización implicará la contratación de cincuenta personas de Clece para reforzar la limpieza de los juzgados de Galicia. CCOO se oponen la esta privatización y defiende la mejora del servicios público. También advierte que representará un mayor coste para las arcas públicas, al tiempo que para la empresa tarde-noche cuantiosos beneficios «a la cuesta de peores condiciones laborales». Asimismo, el sindicato recuerda que la categoría de limpiador o limpiadora existe en los listados de la Xunta y que es un «recochineo» a las personas que pagaron una tasa para estar incluidas en ellas.

Por todo esto, CCOO exige que se deje sin efecto a concesión de este servicio a Clece y que, en cambio, la Xunta contrate cincuenta plazas de limpiador o limpiadora a través de los listados públicos, bien sea mediante un contrato de acumulación de tareas o reforzando aquellos otros puestos de limpieza con contratos permanentes y estructurales.

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