La cosa juzgada sobre el padre de Pablo Iglesias. Por Diego Fierro Rodríguez

Abogado

Cayetana Álvarez de Toledo volvió a hablar de la pertenencia de Javier Iglesias, padre de Pablo Iglesias, al FRAP, grupo que tenía la consideración de terrorista, aprovechando la diputada del PP para calificar como terrorista a Javier Iglesias. Algunos, como Arcadi Espada, han procedido a ratificar lo ya dicho por Cayetana Álvarez de Toledo, aunque, si fueran demandados o destinatarios de una querella, solo Cayetana se libraría de una sentencia condenatoria, debido a la inviolabilidad parlamentaria, que la habilita para realizar cualquier manifestación en el Congreso mientras ejerce sus funciones como parlamentaria.

Hay antecedentes sobre las declaraciones realizadas en torno a la intervención de Javier Iglesias en el FRAP. Herman Tertsch, europarlamentario de Vox, expresó en Twitter que “del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutierrez (sic) asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973” y que “entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias”, pero “como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie”, añadiendo después que “las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes” y que “demás, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años”, sino “que no ayudó a esclarecerlo”, resaltando que “nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía”. Manuel García Sanz, un juez de Zamora, condenó al periodista y dirigente político para a Javier Iglesias una indemnización de 15.000 euros, disponiendo que “Declaro que el contenido del tweet escrito por D. Hermann Tersch (sic) y publicado en su cuenta de Twitter el día 5 de marzo de 2018 donde se afirma que entre los detenidos después del asesinato de un policía en 1973 se encontraba el padre de Pablo Iglesias constituye una intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”. La citada resolución cerró la veda a llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias.

Es necesario destacar que la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica sobre la cosa juzgada que “esta Ley, rehuyendo de nuevo lo que en ella sería doctrinarismo, se aparta, empero, de superadas concepciones de índole casi metajurídica y, conforme a la mejor técnica jurídica, entiende la cosa juzgada como un instituto de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetición indebida de litigios y a procurar, mediante el efecto de vinculación positiva a lo juzgado anteriormente, la armonía de las sentencias que se pronuncien sobre el fondo en asuntos prejudicialmente conexos”. El artículo 222.4 de la misma norma establece que “Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal”, debiendo tenerse presente este precepto para lo que afecta a los procesos civiles iniciados para reclamar una indemnización por intromisiones ilegítimas en el honor. Esta norma no sería aplicable para procesos penales por delitos contra el honor, pues los efectos positivos de la cosa juzgada material de una sentencia firme nunca se tienen en cuenta para los aspectos que perjudiquen al acusado, aunque si que es cierto que pueden facilitar la acreditación de hechos.

La sentencia que se dictó por Manuel García Sanz debe ser considerada como un elemento crucial para aquellos litigios que se quieran iniciar por declaraciones en las que se llame terrorista a Javier Iglesias y su declaración de hechos probados va a favorecer futuras condenas para aquellos que opten por continuar con sus calificaciones contra el padre de Pablo Iglesias.

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