La persona de Juan Carlos I ya no es inviolable – Por Diego Fierro Rodríguez

Abogado

El día 2 de junio de 2014, Juan Carlos I comunicó a Mariano Rajoy su voluntad de abdicar mediante entrega de un escrito, firmado en su presencia

Por ello, se aprobó la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, que establece en su artículo único que “Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España” y que “La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica”, que se produjo el día 19 de junio de 2014.

Los datos aportados sirven para entender si la persona de Juan Carlos I es inviolable. A este respecto, el artículo 56.3 de la Constitución establece que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, pero Juan Carlos I no es el monarca, pues tiene la condición de rey emérito.

De la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se deduce que Juan Carlos I no es inviolable desde el momento en el que se produjo su abdicación, pues el Preámbulo de la norma indica que “Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad”, pero “los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Por ese motivo, “el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado”.

De todo lo afirmado se deduce que Juan Carlos I puede ser investigado por la posible relevancia jurídico-penal de los actos realizados desde su abdicación, debiendo tenerse presente que el Tribunal Supremo se encargaría de la instrucción de su causa y del juicio. Asimismo, el Congreso podría investigar a Juan Carlos I por su falta de inviolabilidad, aunque, a la luz de los acontecimientos, una comisión de investigación parlamentaria sobre el rey emérito tendría como finalidad principal golpear a la Corona, quedando en un segundo plano la averiguación de la verdad.

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