Un nuevo informe de la Guardia Civil sugiere que Simón oculta información e incluye el ‘off the record’ de Montero

El documento subsana errores del inicial, pero mantiene que el Gobierno tenía información suficiente sobre la pandemia

La Guardia Civil ha entregado a la jueza que investiga el caso del 8M un segundo informe fechado el 1 de junio en el que sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer.

El documento, al que ha tenido acceso RTVE y cuyo contenido ha sido adelantado por el diario El País, también incluye parte de la conversación off the record que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista de EiTB antes de ser entrevistada en la que admite que a la última manifestación del 8M había asistido menos gente por miedo al coronavirus.

“Deducen” que faltan documentos reclamados al CCAES

Hasta el momento, la jueza Rodríguez-Medel ha rechazado imputar en dos ocasiones a Simón, a quien el nuevo documento del instituto armado –de más de 200 páginas– apunta de manera directa.

En el informe, los agentes critican los retrasos en la entrega de la información solicitada al organismo dirigido por Simón y muestran su convencimiento de que en esa documentación entregada faltan datos reclamados a direcciones de correo electrónico, pero no aportan pruebas que acrediten que el doctor quiso ocultar información.

El informe policial refleja un estudio de 36 de los correos electrónicos así como de varios informes sobre la enfermedad manejados por Sanidad con el objeto de elaborar un “análisis cronológico de conocimiento del covid-19” que tuvo el Centro de Alerta antes del 8 de marzo.

El documento destaca que el primer requerimiento de información hecho al Centro de Alerta Sanitaria tiene fecha del 16 de abril y que, pese a que supuestamente este organismo se comprometió a entregarlo el 5 de mayo, finalmente no lo hizo hasta el 21 de mayo.

Concretamente, señala que fue un “un funcionario del Ministerio de Sanidad próximo a Fernando Simón” quien comunicó un primer “aplazamiento”.

Además, la Guardia Civil asegura que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir al juzgado y personarse en el Centro de Alerta con una providencia del juzgado para exigirlo.

En las conclusiones de ese apartado, los agentes resaltan que “a pesar de solicitar todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias”, se “deduce” que “podrían faltar documentos” entre el material entregado por el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió.

Subsana algunos errores del primer documento

Este segundo documento de la Guardia Civil amplía el primer informe entregado a la juez y subsana algunos errores del inicial, a los que resta importancia.

“Todos los errores salvados son originados con motivo de la transcripción realizada, no modificando, en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en curso”, dice el texto.

El primer informe apuntaba de forma errónea que el 30 de enero fue el día en que la OMS declaró la pandemia mundial por el coronavirus, algo que no ocurrió hasta el 11 de marzo.

La unidad que redactó este segundo informe señala que la organización hablaba entonces de “emergencia de salud pública de importancia internacional” y admite que fue tres días después de la marcha feminista cuando se utilizó el término “pandemia”.

También admiten que fue alterado el sentido del testimonio que prestó ante los agentes el secretario general de la CGT en Madrid, Antonio O’Connor, acerca de las razones por las que se suspendió la concentración que tenían convocada en esas fechas.

En el primer informe se dijo que la decisión tenía que ver con el riesgo de contagio, mientras que en el segundo documento ya aparece que se modificó la fecha para buscar otra “más próxima” a la celebración de un juicio contra el que iban a manifestarse.

Se mantiene la tesis de que el Gobierno conocía el peligro

Lo que no varía es la tesis del primer escrito. La Guardia Civil mantiene que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus y su riesgo de contagio como para haber prohibido la manifestación del 8M en Madrid.

Los agentes destacan que entre la documentación entregada había avisos de organizaciones internacionales que informaban del peligro que suponía la celebración de actos multitudinarios y consideran que el CCAES “dispone de un gran caudal de información acerca del covid-19 en fechas muy tempranas a la aparición de la enfermedad”.

Para apoyar esa tesis, también se recogen en el informe noticias publicadas en distintos medios de comunicación, incluyendo una información del diario ABC del mismo 1 de junio –fecha en que es firmado el documento policial– en la que se reveló la conversación privada entre Montero y la periodista de EiTB.

Marlaska y el cese del anterior exdirector de la Guardia Civil

Por otro lado, la polémica por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid tiene este jueves un nuevo episodio. Según publica El Confidencial, el anterior director general de la Guardia Civil, Félix Azón, fue relevado el pasado enero por motivos similares a los que habrían llevado al cese de De los Cobos: no informar de “investigaciones y actuaciones” secretas.

En el caso de Azón, señala este medio, el detonante que terminó provocando su salida fue la operación contra un grupo de miembros de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR), sobre la que no se informó a Interior.

El ministro al frente de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska, insistió este miércoles en el Congreso en que las razones detrás del cese del coronel son “pérdida de confianza” y reestructuración de equipos. Además, volvió a negar que se hayan producido “injerencias” vinculadas a la investigación del 8M y rechazó una vez más dimitir, como le pidieron desde PP, Vox y Ciudadanos.

En la causa se encuentra imputado por un presunto delito de prevaricación el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien está citado declarar el próximo 10 de junio.

Fuente: RTVE.es

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