La injerencia política en el CGPJ. Por Manuel Maseda

La independencia del poder judicial en España ha sido cuestionada en numerosas ocasiones en los últimos años. La injerencia política de los diferentes gobiernos ha provocado una mala percepción ciudadana del poder judicial.

El gobierno actual ha acometido diferentes actuaciones que menoscaban la independencia judicial con frases como “¿De quién dependen la fiscalía?” pronunciada por Pedro Sánchez o con nombramientos como el de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Desde mi punto de vista, el nombramiento de Dolores Delgado en la Fiscalía ha sido uno de los mayores errores que ha cometido este gobierno. Tradicionalmente, todos los gobiernos han nombrado como FGE a personas cercanas ideológicamente, pero en este caso se ha ido un paso más allá. Pedro Sánchez decidió nombrar a una persona que formaba parte de su ejecutivo y que había hecho campaña por él.

En un nuevo capítulo de politización del Poder Judicial nos encontramos a la tan necesitada renovación del Consejo General del Poder Judicial. La intromisión política en la designación del CGPJ no es nueva y proviene de la reforma alcanzada en 1985.

En el caso del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento de los vocales corresponde a las Cortes conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. El mandato por el que son electos es de 5 años y se necesita una mayoría de 3/5 para su nombramiento. La falta de consenso en la política española ha provocado que venciese el mandato de los vocales y no hayan sido sustituidos desde entonces (2018). El Presidente del CGPJ se ha dirigido en varias ocasiones a los Presidentes de las Cámaras Legislativas con el fin de que procediesen a desbloquear la renovación de las plazas para que el órgano funcionase de manera correcta debido a que, al estar el mandato vacante, hay decisiones que debe tomar el CGPJ que no se encuentran del todo legitimadas como son el nombramiento de cargos judiciales de forma discrecional.

La actual ley de 1985 establece que 10 vocales serán elegidos por el Congreso y otros tantos por el Senado. De los 10 vocales que elige cada Cámara, 6 corresponderán a Jueces y Magistrados y 4 a juristas de reconocida competencia. En el caso de los Jueces y Magistrados, las plazas suelen ser ocupadas en su mayoría por candidatos propuestos por Asociaciones Judiciales. Para ser nombrado dentro del cupo de juristas de reconocida competencia se exige más de 15 años de ejercicio de acuerdo con el art.586 de la LO 6/1985.

Previamente, en 1980, la Constitución y la LO 1/1980 establecían que sólo 8 de los vocales serían nombrados por las Cortes. Los otros doce serían nombrados en votación entre los Jueces y Magistrados. La reforma de 1985, impulsada por el PSOE, fue recurrida por José María Ruiz Gallardón, acompañado de otros 55 Diputados, al considerar que era inconstitucional que todos los vocales del CGPJ fuesen elegidos por las Cortes. El Tribunal Constitucional, avaló la constitucionalidad del sistema aprobado en la reforma de 1985, pero, al mismo tiempo, advertía de los riesgos al considerar que se podía llegar a un escenario donde se asignasen “los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”.

La práctica habitual en los últimos años ha sido un intercambio de cromos entre PP y PSOE para el nombramiento de los vocales, turnándose entre ellos la mayoría en el órgano y politizando de manera indirecta el Tribunal Constitucional. En la actual situación, se ha desvelado que PP y PSOE se encuentran en una nueva negociación para el nombramiento de los miembros del CGPJ. Con la aritmética parlamentaria actual la suma de PSOE y PP es suficiente en el Senado y se queda al borde de la mayoría necesaria para poder aprobar los nombramientos en el Congreso al sumar entre los dos partidos 208 escaños y ser necesarios 210, sin embargo, todo hace indicar que podrían sumar al añadirse los escaños de Foro Asturias y Navarra Suma, formaciones que suelen votar con los populares.

En mi opinión, el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los Jueces y Magistrados en su mayoría. Sería interesante, además, añadir un cupo, similar al actual, para juristas de reconocido prestigio que fuesen elegidos entre profesores universitarios, abogados colegiados, procuradores…

Esa reforma, sin embargo, es algo que actualmente parece impensable. Todo hace indicar que las Cortes seguirán eligiendo a los vocales del CGPJ. Por eso, creo que es importante recalcar el consenso mientras dure el sistema actual. La ley exige mayorías amplias, sin embargo, debido a la ley electoral, esa mayoría amplia se logra entre dos partidos que aglutinan menos del 50% de los votos (el 49.8%). Es por ello que, tanto PSOE como PP, deben intentar lograr un acuerdo que aglutine a todas las fuerzas políticas significativas de la cámara con el fin de intentar reducir la sensación de politización del órgano por parte de la ciudadanía. Ambos partidos no deberían de recurrir a un argumento habitual de necesidad argumentando que el mandato se encuentra expirado y que es necesario dotarlo otra vez de legitimidad ya que el mandato lleva expirado casi dos años y no pasa nada porque dure unos meses más, si, a cambio, se consigue un órgano más plural e independiente.

 

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