El Estado de Derecho seguirá ganando. Por Manuel Maseda

En estos días la política española mira lo que ocurre en Cataluña, aunque lo cierto es que, en los últimos años, nunca ha dejado de mirar hacía allí. La política catalana se ha convertido en una maquinaria mediática que consigue incluso titulares en medio de la mayor pandemia de los últimos cien años.

Hoy se conmemoraba el día de Cataluña, una jornada que dejó de ser abierta a toda la sociedad hace muchos años para pasar a ser un arma más de la propaganda separatista. La diada se celebra con una posible convocatoria electoral a la vista que augura reventar el tablero político ante la posible bajada de Cs y el cambio de coaliciones en el independentismo, sin embargo, parece que el gobierno no corre peligro para los partidos secesionistas.

La independencia ha afectado tanto en Cataluña que no solo ha provocado salida de la región de empresas o problemas personales entre personas de diferente ideología, sino que ha conseguido ser priorizada, incluso, por delante de la pandemia. No hace falta más que recordar las palabras de Torra diciendo que «hay el riesgo de pensar que la epidemia es el objetivo único. La independencia es urgente».

Sería difícil establecer una fecha en la que empezó toda la locura separatista. Las situaciones que hoy vivimos son fruto de décadas de control de la televisión pública y de las instituciones. Muchos dicen que Pujol no era independentista, pero lo que hoy sabemos es que fue el precursor de recoger nueces en forma de dinero desde Cataluña en un chantaje sin precedentes al Gobierno Central mientras se encargaban de ir controlando poco a poco el territorio. Eso que hizo Pujol hoy no nos parece ni raro, son incontables los partidos presentes en el Congreso a los que la gobernabilidad y el futuro de nuestro país les importa un bledo y sólo buscan la manera más rápida de extorsionar al gobierno de turno a cambio de diferentes transferencias. Existen contadas ocasiones de partidos regionalistas en el Congreso que verdaderamente ejercen una labor representativa del conjunto de la nación sin dejar de luchar por su tierra. Ejemplos eso sí que merecen ser resaltados: Navarra Suma, Foro Asturias, Ana Oramas (que no CC) y, en contadas ocasiones, el PRC.

Pero las cosas fueron a más con la promesa de Estatut de Zapatero y toda la batalla judicial que se desató posteriormente. Con Artur Más las exigencias de los separatistas fueron en aumento y se comenzaron a convocar manifestaciones multitudinarias en torno a la diada y la independencia con la participación de figuras reconocidas en Cataluña como Guardiola, pero ha sido, sin duda, con Puigdemont y con Torra cuando la situación en Cataluña se ha vuelto descontrolada.

Desde 2017, no nos extraña ver como se aprueban en el Parlament de Cataluña, con el informe en contra de los letrados parlamentarios, resoluciones, leyes, y medidas que luego son tumbadas por el Tribunal Constitucional y que atentan contra el Estatut. Los políticos independentistas vulneran cualquier norma jurídica en nombre de una causa irreal e inalcanzable, pero que anualmente les llena los bolsillos de dinero a través de sueldos parlamentarios, asistentes y asociaciones afines; una verdadera trama clientelar que vive muy bien bajo este cuento.

En estos últimos años, hemos asistido a juicios mediáticos en los que los políticos separatistas han tenido que responder de los delitos cometidos en 2017. Las penas de prisión que fueron impuestas no contentaron ni a la acusación particular (VOX) por flojas, ni a los independentistas por duras. En mi opinión, la labor de los jueces debe dejarse fuera de valoración política. Con lo que si se debe meter la opinión pública es con un tema que ha pasado de refilón por la portada de los periódicos: cómo cumplen condena.

Creo que ceder la competencia de prisiones a Cataluña fue un verdadero error, pero ver las instalaciones que se les preparó a políticos condenados es una auténtica vergüenza que debería implicar una denuncia social independientemente de la ideología de cada uno, pero los líderes presos no solo disfrutan de despacho en la cárcel, también se han beneficiado de permisos penitenciarios pese a cumplir un porcentaje muy bajo de la condena y, lo más grave, hacer declaraciones en público en las que afirman que lo volverían a hacer.

Quedan años difíciles en Cataluña, la situación no parece que vaya a solucionarse en el corto plazo con las dos partes tan enfrentadas y un gobierno que hace guiños, pero que también cierra puertas al independentismo de forma constante. Lo único que debe estar claro es que el Estado de Derecho vencerá como ya lo hizo en el 2017 y que las conductas delictivas serán castigadas.

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