IMV: más plazo para resolver, menos exigencias previas y requisitos más duros para menores de 30 años

El BOE de hoy recoge un Decreto Ley que, además de regular el teletrabajo, modifica algunas de las reglas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado a finales de mayo. Así, por un lado, rebaja algunos requisitos y alarga los plazos de respuesta. Por otro, endurece el acceso para menores de 30 años y parejas de hecho.

Después de meses de implantación y con un notable retraso en la gestión de las solicitudes, tal y como contó María Zuil en El Confidencial, el Decreto Ley de hoy alarga plazos y elimina requisitos para aligerar el proceso. Así, por un lado, se establece un primer filtro, tanto para quienes ya lo han presentado como para quienes lo hagan a partir de ahora: la Seguridad Social comprobará en un máximo de 30 días si se cumplen los requisitos económicos -que no se sobrepasen ciertos umbrales- y si, según sus datos, no es así, informará a la persona solicitante que es imposible tramitar la ayuda. La única opción entonces es plantear una reclamación administrativa, que obligará a hacer nuevas comprobaciones sobre los ingresos y patrimonio del solicitante o su unidad de convivencia.

Solo si se cumplen los requisitos de ingresos y patrimonio seguirán con el expediente y se comprobarán el resto, en un plazo que pasa de los tres meses iniciales a seis. Las solicitudes presentadas hasta el día de hoy que estén pendientes de resolución, también aquellas en las que se haya cumplido el plazo inicial de tres meses, también podrán tramitarse hasta en seis.

Hasta ahora, todas las solicitudes presentadas hasta el 15 de septiembre tendrían efectos retroactivos y, una vez aprobadas, los beneficiarios cobrarían los atrasos desde el 1 de junio. El Decreto Ley publicado hoy amplía esa retroactividad a todas aquellas que se presenten hasta que acabe el año. Así, todas aquellas personas que la presenten durante 2020 podrán, si cumplían los requisitos entonces, cobrar el IMV desde el 1 de junio pasado.

Además, se deja de exigir la documentación sobre el padrón, que comprobará la propia Seguridad Social con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y solo será obligatorio presentarla si hay discrepancia entre los datos oficiales y los que aporte la persona solicitante.

En paralelo, ya no será necesario que todos los adultos de la unidad de convivencia estén dados de alta como demandantes de empleo antes de presentar la solicitud. Esa exigencia se podrá cumplir en los seis meses siguientes a que se apruebe el ingreso mínimo vital. Y con excepciones: no será necesario que la cumplan los menores de 28 años que estén cursando estudios reglados, las personas dependientes, los cuidadores de dependientes, personas discapacitadas de 65% o más y quienes cobren pensión de incapacidad, de invalidez, jubilación o sean mayores de 65 años.

Eva Belmonte. Fundación CIVIO

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