La Xunta amplia el plazo de las ayudas de alquiler por el COVID-19 hasta el próximo miércoles 30 de septiembre

Las ayudas de alquiler convocados por la Xunta el pasado mes de mayo para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia del Covid-19 aún pueden solicitarse hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

Cabe recordar que los beneficiarios de estas ayudas recibirán hasta 500 euros durante el período en que se encuentren en situación de vulnerabilidad y durante un máximo de seis meses. La ayuda podrá concederse con efecto retroactivo desde el pasado mes de abril y no se concederá más allá de diciembre de 2020. En todo caso, el importe concedido nunca podrá superar los ingresos mensuales establecidos en el contrato de arrendamiento.

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica a través de la Xunta de Galicia electrónico de oficina , donde el formulario correspondiente está disponible. Los interesados ​​deberán indicar la fecha a partir de la cual se encuentran en situación de vulnerabilidad, sus ingresos netos y el monto de los ingresos, los costos de suministro del mes anterior a la solicitud y la composición e ingresos de la unidad familiar.

La solicitud también debe ir acompañada de la siguiente documentación:

  • Contrato de alquiler de vivienda.
  • Extractos bancarios o certificados que acrediten el pago de las últimas tres cuotas mensuales de los ingresos del contrato antes del primer mes para el que se solicita la ayuda.
  • Documentación acreditativa del número de cuenta bancaria del arrendador, en caso de que no se indique en los dos documentos anteriores
  • En su caso, solicitud de ayuda financiera temporal (préstamo ICO).
  • Declaración de responsabilidad de los miembros de la unidad familiar
  • Documentación que acredite los ingresos del solicitante y la unidad familiar correspondiente al mes anterior a la presentación de la solicitud.
  • Documentación que acredite los gastos básicos y suministros de la vivienda habitual correspondientes al mes anterior a la presentación de la solicitud.

En caso de que el beneficiario obtenga un préstamo ICO para el pago del alquiler, en el marco de la ayuda financiera transitoria, la subvención se utilizará para devolver el préstamo. En todos los demás casos, el IGVS lo pagará directamente al propietario.

Beneficiarios

Las personas con contrato de alquiler regular de vivienda que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia de estar desempleados, ERTE o jornada reducida como consecuencia de Covid-19 pueden beneficiarse de estos subsidios de alquiler. Estas circunstancias deben haber provocado una reducción sustancial de los ingresos al mismo tiempo que el costo del alquiler y los suministros básicos de vivienda representan una parte importante de ellos.

En concreto, el beneficiario debe haber registrado una reducción sustancial de sus ingresos, de modo que la renta combinada de todos los miembros de la unidad familiar no supere generalmente el triple del Iprem, es decir, 1.613,52 euros al mes.

En el caso de que un miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33%, se encuentre en situación de dependencia o padezca alguna enfermedad que lo incapacite para el trabajo, el límite máximo de ingresos será cuatro veces el Iprem (2,151.36 euros). Finalmente, si el inquilino de la vivienda tiene una discapacidad intelectual igual o superior al 33% o una discapacidad física superior al 65%, o padece determinadas enfermedades, el límite máximo será de cinco veces el Iprem (2.689,20 euros al mes).

Estos ingresos máximos se incrementarán en 0.1 veces el Iprem por cada niño o persona mayor de 65 años que sea miembro de la unidad familiar. En el caso de familias monoparentales, el Iprem se incrementará 0,15 veces por cada hijo.

Otros requerimientos

En cuanto al costo de arrendamiento de la casa y los suministros básicos para la misma (agua corriente, luz, gas, diesel para calefacción, servicios de telecomunicaciones fijas y móviles y posibles aportes a la comunidad de propietarios) debe ser igual o superior al 35% de los ingresos mensuales netos que recibe el conjunto de miembros de la unidad familiar.

Además, es requisito para la concesión de ayudas que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario o usufructuario de ninguna vivienda en España, salvo que acredite su indisponibilidad por separación o divorcio, por cualquier otro motivo ajeno a su voluntad o cuando la casa es inaccesible por discapacidad de su dueño o de alguna de las personas que integran la unidad de convivencia.

Tampoco se permite que ningún miembro de la unidad familiar tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador de la vivienda o sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador.

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