Arbistar 2.0 – dP Abogados presenta las primeras demandas individuales

Hace ya dos meses que la compañía de inversión en bitcoins Arbistar 2.0 retiene las cuentas de más de 120.000 clientes que confiaron en el primer software de arbitraje automático que ofrecía a pequeños inversores obtener una rentabilidad rápida y mayor de las que ofrece el mercado. La versión 2.0 de la plataforma se creó en enero de 2019 reemplazando  la primera. De ahí, el nombre 2.0. al tratarse de la evolución del proyecto inicial que comenzó en septiembre de 2018 “con una filosofía de crear soluciones tecnológicas con libertad incorporada”.

Los afectados esperan recuperar más de mil millones de euros. Cientos de afectados no paran de sumarse a la iniciativa del despacho.

El despacho dP alerta de la rápida difusión entre los afectados para presentar denuncias colectivas penales ineficaces, muy probablemente alentados de forma interesada por los propios tentáculos de la organización dirigida por Santiago, quien actualmente está siendo investigado por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal en los Juzgados de Arona (Tenerife).

Una vez más, dP abogados se pone del lado de los consumidores ofreciendo sus servicios sin coste inicial, cobrando únicamente un porcentaje de un 10% de lo recuperado, no obstante el despacho se plantea en un futuro poder subir el porcentaje. Hablamos con parte del equipo del departamento de criptomonedas y nos quedamos con las siguientes notas de José Leal Hermida y Antón Nogueiro Robledo “es un incumplimiento contractual pues incumplieron el plan de pagos que se había establecido. Tampoco las opciones planteadas por la empresa de pagos fraccionados y contratación de servicios (A y B) debe ser aceptada por los consumidores al tratarse de una nueva maniobra para ganar tiempo y dinero”.

Así mismo, Xaime da Pena, advierte de que “las demandas colectivas sirven para crear jurisprudencia pero son ineficaces para recuperar el dinero. Entendemos que lo procedente es la demanda por vía civil contra la empresa por grave incumplimiento contractual, reclamando el 100% de lo aportado, los beneficios y los posibles daños y perjuicios causados.” Añade también que “el procedimiento colectivo es mucho más dilatado y farragoso para el consumidor”

 

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