La “caja b” del PP (todavía) no se ha juzgado

Abogado

Desde el PP se ha mostrado una gran tranquilidad por la Sentencia del Tribunal Supremo 507/2020, de 14 de octubre, que establece que “no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión”. Además, la resolución judicial indica que “la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última”.

La Sentencia del Tribunal Supremo 447/2016, de 25 de mayo, establece que “La responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa declarada en sentencia constitutiva, pero cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad criminal, pese a que su declaración se verifique en un mismo proceso”, ya que “No existe una igualdad axiológica entre el responsable penal y el partícipe a título lucrativo”, así que “La responsabilidad de éste no debe estar expuesta al mismo juicio de reproche que sirve de fundamento a la declaración de culpabilidad penal” porque “existe una desconexión con el delito objeto de enjuiciamiento, tanto en relación a su autoría y participación, como respecto a la eventual posibilidad de comisión por un tercero de un delito de encubrimiento”. También afirma esa resolución que “El partícipe a título lucrativo, por definición, no puede tener conocimiento alguno del hecho típico ejecutado por otro y del que se derivan sus activos patrimoniales”, pues “el partícipe a título lucrativo participa de los efectos del delito, esto es, participa del delito, pero no en el delito”, factor que explica que “su llamada al proceso no tenga otro objeto que la interdicción del enriquecimiento ilícito”.

Lo que comenta el Tribunal Supremo para resolver la pieza de la Trama Gürtel, es que las afirmaciones sobre la “caja b” del PP recogidas en la Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 17 de mayo de 2018 son innecesarias porque esa cuestión forma parte de otro proceso judicial que se está desarrollando y que todavía no ha llegado a la fase del juicio oral. Para comprender esta información, hay que saber que la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2013, de 8 de abril, afirma que “la vinculación entre la pretensión punitiva de las partes acusadoras y el fallo de la Sentencia judicial, como contenido propio del principio acusatorio, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, lo que responde a la necesidad, no sólo de garantizar las posibilidades de contradicción y defensa, sino también de respetar la distribución de funciones entre los diferentes participantes en el proceso penal, y, más concretamente, entre el órgano de enjuiciamiento y el Ministerio Fiscal, en los términos señalados en los arts. 117 y 124 CE”, añadiendo esa misma resolución que “es esta la razón por la que el Tribunal ha venido reiterando que el instrumento procesal esencial para la fijación de los términos de la acusación en el proceso es el escrito de conclusiones definitivas (SSTC 174/2001, de 26 de julio, FJ 5 y 183/2005, de 4 de julio, FJ 4), dado que estas habrán de ser producto de lo debatido en el acto del juicio oral”.

La “caja b” del PP no se ha juzgado todavía, de manera que no se ha confirmado ni se ha descartado su existencia. Dentro de unos meses tocará ver si en el PP pueden mantener su alegría por la Sentencia del Tribunal Supremo 507/2020, de 14 de octubre, o si les corresponderá sufrir uno de los mayores varapalos judiciales para un partido político en España.

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