Hacienda quiere entrar en los domicilios sin avisar

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, defendió el pasado día 5 de noviembre, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que el acceso a domicilios con previo aviso para realizar comprobaciones “no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas”. De este modo, expresaba su preocupación por un tema analizado por el Tribunal Supremo recientemente en relación con las entradas y registros, pero mezclando churros con merinas.

Una cosa es el riesgo de destrucción de pruebas en la inspección tributaria, que puede existir por el aviso anticipado, y otra bien distinta es proceder con la inspección tributaria por si aparece alguna prueba. Sobre la primera cuestión no habla el Tribunal Supremo, que se refirió a la segunda afirmando que “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”, pues “no se puede acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 de la Constitución española con un propósito meramente prospectivo o indeterminado, por si acaso, ya que la naturaleza fundamental del derecho que la Constitución ampara y permite excepcionalmente sacrificar o excluir, lo debe ser en presencia de un bien constitucionalmente protegido –y el deber de contribuir del artículo 31.1 de la Constitución es uno de ellos, expresado en términos generales”, de modo que no cabe autorizar la entrada y registro “para ver qué se encuentra”.

Por el artículo 142 de la Ley General Tributaria, cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos y, cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de la misma norma, que señala que, cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial. Precisamente, según el artículo 203.1 de la Ley General Tributaria, es una infracción grave “Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias”.

La pretensión de Hacienda puede tenerse por legítima, en cuanto que es probable que, con el previo aviso, se destruyan pruebas. Sin embargo, el contexto en el que se produce la petición y los motivos puede resultar preocupante, pues se ha llevado a cabo tras una sentencia del Tribunal Supremo que critica las entradas y registros por inspecciones tributarias que, sin tener indicios concretos de un posible fraude fiscal, tienen por finalidad hallar esos indicios ante la existencia de riesgo fiscal por disminución de los beneficios o por tener un beneficio inferior al de la media.

En cualquier caso, aunque se produzca una reforma dirigida a permitir entradas y registros de inspectores de Hacienda sin previo aviso, nada cambiará, pues el acceso a los domicilios no podrá justificarse con meras conjeturas que lleven a la Administración Tributaria a obrar de una manera kafkiana, causando una absoluta indefensión a los ciudadanos, que siempre podrán solicitar el control judicial de la actuación administrativa en los términos del artículo 106 de la Constitución. La razón es simple, pues la ley tiene que fijar unas garantías mínimas porque, como afirma Eduardo García de Enterría, “la Ley otorga, y a la vez limita, la autoridad de los agentes, que, como tales, son sólo servidores de la Ley, lex loquens”, debiendo añadirse que Alexis de Tocqueville ya señaló que “la fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual, pero esto es, sobre todo, verdadero en los siglos democráticos; los derechos y los intereses particulares estarían siempre en peligro si el poder judicial no creciese y no se extendiese a medida que las condiciones se igualan”.

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