La ilicitud sobrevenida en los contratos de publicidad de las casas de apuestas

El Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, recoge numerosas limitaciones para los anuncios de las casas de apuestas, siendo destacables las contenidas en los artículos 15 y 18, por los que se establece que “Se prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean aquellos reales o de ficción” y que “Las comunicaciones comerciales de los operadores de juego en servicios de comunicación audiovisual únicamente podrán emitirse entre la 01:00 y las 05:00 horas, sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en los artículos 19 a 22”. La norma, según su preámbulo, “persigue un interés general, ya que busca garantizar la protección de los consumidores y, de forma más amplia, la garantía para la salud pública mediante la prevención de las conductas adictivas, la protección de los derechos de los menores y las menores de edad y la salvaguardia de los derechos de los y las participantes en los juegos”, añadiendo que “supone una regulación imprescindible habida cuenta de que no existen otras medidas que impongan menos obligaciones, y de que se evitan cargas administrativas innecesarias o accesorias”.

Ciertamente, se plantea un grave problema para las casas de apuestas por los contratos de publicidad que mantienen con diferentes entidades que han devenido nulos con el propio Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, debiendo destacarse a los equipos deportivos de diferentes deportes. La solución se encuentra en el artículo 1184 del Código Civil, que establece que “quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible”.

Sobre la cuestión, la Sentencia del Tribunal Supremo 706/2012, de 20 de noviembre, indica que “La imposibilidad sobrevenida, a que se refiere particularmente el artículo 1184 del Código Civil, lleva inexorablemente al incumplimiento y, en consecuencia, a la resolución del contrato o, más propiamente, a la extinción de las obligaciones nacidas del mismo con los efectos que hayan podido prever las partes o, en su caso, los propios de la resolución; que son la devolución de lo percibido -con los intereses correspondientes- desde la fecha en que se produjo la entrega que finalmente resultó inefectiva, con las consecuencias que para la nulidad prevé el artículo 1303 del Código Civil a falta de previsión específica en el artículo 1124, como son la restitución de las cosas que hubieran sido materia del contrato y del precio con sus intereses”. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 258/2018, de 26 de abril, afirma que “La regulación de los citados arts. 1272 y 1184 CC recoge una manifestación del principio de que no existe obligación respecto de prestaciones imposibles, cuya aplicación exige una imposibilidad física o legal, objetiva, absoluta, duradera y no imputable al deudor, que incluso guarda estrecha relación con el caso fortuito ( sentencia 820/2013, de 17 de enero de 2014 )”, añadiendo que “la jurisprudencia llega a la solución apuntada, a partir de un doble argumento ( sentencia 1037/2003, de 11 de noviembre ): (i) el art. 1124 CC no exige una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento, sino que basta la frustración del contrato para la otra parte; (ii) debe procurarse la equivalencia de las prestaciones, en atención a las exigencias de la buena fe, a la que expresamente remite el art. 1258 CC , para determinar el alcance de las obligaciones de los contratantes”.

Para el caso en el que no se consiga que se apruebe para las casas de apuestas una normativa como la contenida en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se ha planteado la posibilidad de intentar lograr la declaración de nulidad del reglamento. Para ello, se puede utilizar la impugnación directa del reglamento, conforme al artículo 25.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que indica que “El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general”, sin que pueda destacarse la impugnación indirecta, pues el artículo 26.1 de la misma norma señala que “Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho”, aunque parece complicado que se puedan encontrar vicios en el Real Decreto 958/2020 que supongan su invalidez.

En cualquier caso, si que es cierto que las casas de apuestas se verán muy afectadas por la norma comentada, pero, a estas alturas, la incidencia de la nueva regulación no será tan contundente atendiendo a la gran expansión que ya han alcanzado con sus actividades las entidades que están inmersas en el mercado de los juegos de azar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.