La tutela judicial efectiva debe estar por encima de la propiedad intelectual

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de octubre ha resuelto una interesante controversia, que se generó en el asunto C‑637/19, que tenía por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen, que es el Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil de Suecia, mediante resolución de 20 de agosto de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el día 27 de agosto de 2019, en un proceso en el que se planteó la posible infracción de derechos de propiedad intelectual por la utilización de una fotografía como prueba en un proceso civil declarativo.

Ciertamente, la cuestión sobre el conflicto entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad intelectual resulta muy interesante. Si se considerara que el derecho de autor prevalece sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no se podrían admitir en los procesos judiciales muchas pruebas consistentes en vídeos o fotografías hechos por personas que reclamaran sus derechos de propiedad intelectual, lo cual podría suponer la incapacidad para acreditar hechos esenciales mediante la prueba.

La prueba tiene una importancia capital en los procesos judiciales. Como afirma Michele Taruffo, en La Prueba, Artículos y Conferencias, “en lo que respecta a la narración de los hechos, se trata de establecer qué criterio usa el juez pata elegir, entre las versiones opuestas ofrecidas por las partes, aquélla que, en cierto modo, representa el resultado del litigio procesal, o bien, si el juez mismo se construye una versión propia y diferente”, destacando que “una respuesta obvia, que frecuentemente se da, es que el juez debería determinar cuál es la versión de los de la causa que se puede considerar verdadera en algún sentido del término, descartando, pues, aquellas versiones que resulten falsas”. Por ello, se llega a señalar por el jurista italiano que “la prueba es e! instrumento que utilizan las partes desde hace siglos para demosrrar la veracidad de sus afirmaciones, y de! cual se sirve e! juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos”, entendiéndose “como prueba cualquier instrumento, método, persona, cosa o circunstancia que pueda proporcionar información útil para resolver dicha incertidumbre”.

La incidencia del pronunciamiento sobre la prevalencia del derecho de propiedad intelectual sobre el derecho a la tutela judicial efectiva debería tener la misma incidencia en los procesos civiles y en los procesos penales. Sin embargo, esa distinción es irrelevante, pues se llegó a otra conclusión, mucho más razonable.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó afirmando que “El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «comunicación al público», contemplado en esa disposición, no comprende la presentación por vía electrónica ante un órgano jurisdiccional de una obra protegida como prueba en el marco de un procedimiento judicial entre particulares”. Ello se debe fundamentalmente a que “el Tribunal de Justicia ya ha declarado que no se desprende en absoluto del artículo 17, apartado 2, de la Carta ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el derecho de propiedad intelectual consagrado en esta disposición sea intangible y que, por lo tanto, su protección deba garantizarse en términos absolutos, habida cuenta de que este derecho ha de ponderarse con los demás derechos fundamentales (véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de julio de 2019, Pelham y otros, C‑476/17, EU:C:2019:624, apartados 33 y 34 y jurisprudencia citada), entre los que figura el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta”.

Que se puedan probar hechos ante un órgano jurisdiccional siempre será más importante que los derechos de propiedad intelectual, que, realmente, no se deben entender vulnerados porque unos pocos profesionales del Derecho puedan ver su contenido.

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