Concentraciones de “interinos” contra el uso abusivo de la contratación temporal en las Administraciones Públicas

Desde hace más de 20 años, todas las Administraciones Públicas españolas recurren a contratos temporales para cubrir necesidades que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables, lo que constituye un ABUSO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento, la Directiva 1999/70/CE que se sigue incumpliendo impunemente en nuestro país.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir el abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador; bien a través de indemnizaciones disuasorias o estabilizando en el empleo a las víctimas del abuso.

La Ministra de Función Pública, Carolina Darias, así como su Secretario de Estado, Francisco Hernández Spínola, han informado en comparecencias y medios de comunicación, que es necesario terminar con esta situación; sin embargo, pretenden hacerlo por una parte, reformando el artículo 10 del EBEP (el que se ha venido incumpliendo por la administración sin consecuencias) para evitar abusos a futuro; y por otra, mediante ofertas de empleo de estabilización de plazas, no de personas, confundiendo los sistemas de acceso a una administración de la que ya formamos parte, con la estabilización en el empleo como sanción al abuso cometido por la administración.

Mientras el gobierno sigue estudiando cómo resolver esta situación, creada por las propias Administraciones, se van sucediendo los ceses de personal, con las consiguientes demandas, denuncias y movilizaciones sociales como las concentraciones frente a las subdelegaciones, o la huelga de médicos y de otros sectores públicos en Canarias, que apoyamos desde la península y a la pronto se sumarán las de las trabajadoras y trabajadores públicos en abuso de toda España, si el gobierno no propone una solución acorde con la Directiva.

En este escenario de desamparo e incertidumbre para miles de familias, que afecta principalmente a mujeres con una media de 50 años sin opción a incorporarse al mercado laboral si son cesadas, la Comisión Europea sigue vigilante para decidir si demanda al Reino de España por incumplimiento, manteniendo abiertos varios expedientes de infracción por este motivo.

Si en el Sector Público no se pone en marcha un control de legalidad, inspecciones o auditorías contra el fraude y el abuso en las administraciones, similares a las adoptadas en el ámbito privado, nunca se pondrá fin a la temporalidad abusiva.

¿QUÉ REIVINDICAMOS?

  • QUE LA ADMINISTRACIÓN CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE
  • QUE EJERZA FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE SUS PROPIAS CONTRATACIONES TEMPORALES
  • QUE SE PONGA FIN AL DESPIDO LIBRE Y GRATUITO; PARALIZACIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO QUE INCLUYAN PLAZAS OCUPADAS POR PERSONAL TEMPORAL, HASTA SU CONTROL DE LEGALIDAD.
  • QUE SE SANCIONE EL ABUSO, MEDIANTE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS VÍCTIMAS, CON SU ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, RESPETANDO LAS NORMAS QUE IMPIDEN CESAR AL PERSONAL TEMPORAL, CUANDO NO CONCURREN LAS CAUSAS DE CESE VINCULADAS A LA CONTRATACIÓN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.