El desalojo de la rave ilegal de Cataluña concluye con dos detenidos

La consejería de Interior ha pedido a la Fiscalía que determine si existe delito contra la salud pública

El desalojo de la ‘rave’ ilegal en una nave abandonada de Llinars del Vallés (Barcelona) ha concluido este sábado con un balance de dos detenidos por organizar la fiesta, cinco imputados por su vinculación con la logística del evento y 215 asistentes identificados por su participación “irresponsable” en el evento, que comenzó en Nochevieja y se prolongó durante 40 horas.

El consejero catalán de Interior, Miquel Sàmper, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han explicado en conferencia de rueda que del total de asistentes indentificados, 100 son españoles, 35 franceses, 10 italianos, 3 andorranos y hay otros participantes procedentes de Austria, Países Bajos y Luxemburgo.

Trapero ha precisado que no han podido ser identificados todos los asistentes a la macrofiesta -unos 300- porque algunos de ellos “han huido campo a través”. Sàmper ha añadido, además, que se han practicado 61 pruebas de alcoholemia, todas ellas con resultado negativo, además de otras por consumo de drogas, y que se han tramitado también una treintena de actas por cuestiones como tener el carné de conducir caducado o inspecciones técnicas de vehículos desfasadas.

Los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por su parte, han tenido que atender a dos de los asistentes.

Los detenidos, según el mayor Trapero, son una holandesa de 29 años y un chico de Tarragona de 22, ambos vinculados a los servicios y equipos de música usados en la fiesta. Los otros cinco imputados son un holandés, dos franceses y dos italianos.

Trapero ha puntualizado que los Mossos están investigando cómo se organizó la fiesta, pero que en principio se sabe que estaban conectados por mensajes y que se conocían de eventos anteriores. También ha precisado que no se ha tramitado denuncia por ocupación ilegal de la nave en la que se celebró la fiesta

A los detenidos se les acusa de desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad y se les ha levantado un acta administrativa por una infracción “muy grave” al organizar una fiesta ilegal que incumple las medidas restrictivas contra el Covid, y cuya sanción puede ascender hasta los 600.000 euros.

Interior ha formulado una consulta a la Fiscalía para que determine si los organizadores han podido cometer un delito contra la salud pública.

Fuente: rtve.es

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