El PSOE de Oleiros expresa sus dudas acerca de la legalidad de la adquisición municipal de la Casa Carnicero

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oleiros, tras un primer análisis de la documentación obrante en el expediente municipal de adquisición y demolición de la Casa Carnicero, alerta de que podrían existir importantes infracciones a la normativa vigente en el proceso de adquisición municipal de la Casa Carnicero, que podrían derivar en la declaración de nulidad de dicho acto administrativ

Asi, y al hilo de lo comentado, Jorge Pérez se pregunta lo siguiente… ¿Y si el Concello de Oleiros hubiese adquirido ilegalmente la Casa Carnicero?

La adquisición de bienes por parte de las entidades locales está perfectamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, siendo la normativa básica aplicable la siguiente:

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (art. 15 a 27)

• Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia (art. 50 a 59)

• R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (art. 9 a 16)

En relación a la adquisición a título gratuito o lucrativo de bienes por parte de las Entidades Locales, la legislación es muy clara al respecto, debiendo cumplir, entre otros, un requisito fundamental, que no es otro que, en el caso de que la adquisición conllevase aneja alguna condición o modalidad onerosa, sólo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere. Es decir, que el coste asumido por el Concello, en este caso, no supere el valor del bien recibido a cambio.

Así, el artículo 21.3 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que “La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella sólo podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Si el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público debidamente justificadas”.

Del mismo modo, el artículo 56.3 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia dispone que “En todo caso, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades públicas instrumentales solo pueden aceptar las herencias testadas, legados o donaciones que supongan gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial realizada con arreglo a las normas del artículo 49 de la presente ley. No se  considerarán condiciones o modos onerosos las inversiones que tengan que realizarse para dar al bien el destino de uso general o de servicio público que fijase el cedente o donante”.

Por último, y de forma análoga, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en su artículo 12.2, indica, en relación a las adquisiciones de bienes realizadas a título que “si la adquisición llevare aneja alguna condición o modalidad onerosa, solo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere”.

Queda muy claro, por tanto, a la vista de la legislación vigente, la necesidad de la existencia de un expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no supera el valor del bien adquirido, que debe ser objeto de tasación pericial, tal y como indican a tal respecto la citada legislación autonómica y estatal, de aplicación supletoria.

El Decreto de Alcaldía 2020003257, de 19 de agosto de 2020, firmado por el alcalde y el secretario municipal, en su resolución tercera, establece que “A situación actual do inmoble implica que é obxecto dun expediente de ruina, logo do incendio do edificio que tivo lugar en xullo. Expediente que foi incoado pola resolución da primeira tenente de alcalde delegada de urbanismo num. 2020002998, de 31 de xullo, e que foi notificada (…) O inmoble carece de valor dado o feito de que o aproveitamento urbanístico foi obxecto de venda previa no procedemento de compensación, tal e como se informou polo Servizo de Urbanismo”.

Asimismo, el citado Decreto de Alcaldía, en su resolución cuarta indica que “os gastos notariais e rexistrais derivados da cesión que se realice serán asumidos polo Concello, logo de realizar os trámites oportunos e de acordo co procedemento que para elo determine a Intervención Municipal. Do mesmo xeito, faise constar que o Concello asume o compromiso para facerse cargo do valor que por esta operación corresponda en concepto de imposto sobre incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana, coñecido como plusvalía”.

En el informe 47/2020, emitido por la Secretaría Xeral del Concello de Oleiros, se indica expresamente que el valor del gravamen oneroso asumido por el mismo, asciende, en su totalidad, a la suma de 4.237,84 €, en concepto de IBI, y 2.643,12 €, en concepto de IIVTNU (plusvalía municipal), además de los consiguientes gasto de escritura y registro.

Dado que, según el citado Decreto de Alcaldía, “o inmoble carece de valor”, no se cumple la condición fundamental establecida en la normativa aplicable, existiendo por ello, una doble infracción de lo dispuesto en la legislación vigente, expuesta y citada en párrafos anteriores.

En primer lugar, por comprobar que el valor del gravamen asumido por el Concello, supera el valor del bien recibido, y en segundo lugar, por la inexistencia de expediente, así como de tasación pericial que acrediten lo contrario.

Es por ello, que por contravenir gravemente lo establecido en la legislación vigente, el acto de adquisición a título gratuito de la Casa Carnicero debe ser considerado nulo de pleno derecho, al hilo de lo establecido en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que indica que serán nulo de pleno derecho “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”.

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