El Juzgado verá el próximo jueves 25 la selección del técnico de urbanismo de Sada

El Fiscal ve en Benito Portela indicios de prevaricación administrativa. La plaza tiene asignado un sueldo de 60.000 euros

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña tiene señalada para el próximo jueves 25 de febrero la vista del recurso de la adjudicación de la plaza de técnico de la administración general de urbanismo y medio ambiente en el Concello de Sada.

En dicho proceso de selección el Fiscal ve en Benito Portela indicios de prevaricación administrativa, y ha solicitado al Juzgado de Betanzos su investigación penal.

Como ya se informó anteriormente, las bases de la convocatoria redactadas por el alcalde fueron informadas desfavorablemente, en dos ocasiones, por los habilitados nacionales.

Rechazaron que se cubriese la plaza de técnico de administración general con uno de administración especial, y que el proceso de selección se realizase mediante una entrevista, o una valoración personal de méritos.

Finalmente, la aprobación del expediente se realizó según lo indicado por los habilitados nacionales, pero el alcalde mando publicar en el BOP que los aspirantes debieran ser de la administración especial, y colocar así al candidato elegido de antemano, según consta en la demanda.

“Nos llama la atención que Benito Portela actuase según lo que criticaba a su antecesor en el cargo, al que le pedía su dimisión en cada momento, respecto a la contratación de una coordinadora” declaran desde el PP de Sada.

“En ambas contrataciones lo único parecido es el sueldo; el resto no los es. El coordinador general es un puesto de libre designación del gabinete de alcaldía” denuncian.

“Pero Portela quería una persona afín con firma de funcionario, para junto con los informes externos que contrata, montar expedientes paralelos a los de los funcionarios y habilitados nacionales, cuyo criterio legal no siempre coincide con los intereses de la Marea” afirman los populares.

La secretaría viene informando al alcalde que de anularse la adjudicación a Hipólito Pérez Novo, todos los informes emitidos por él serían nulos, de lo que podrían derivarse nuevas consecuencias y responsabilidades.

Por su parte el alcalde, “lejos de actuar con la prudencia y tranquilidad que le pedimos hace unos días, persiste en desoír los informes de secretaría y continúa montando sus expedientes “ad hoc” en base a una administración paralela”.

Es el caso, entre otros, del derribo de “El Náutico”, en el que secretaría le tiene informado la necesidad de hacer una auditoria económica para evaluar la pérdida patrimonial que ocasionaría la demolición, y que debiera constituir un aval o fianza solidaria para hacer frente a eventuales indemnizaciones.

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