El presidente de la Autoridad Portuaria afirma que “toca poner fecha cuanto antes” a la licitación del tren a Langosteira

Calculó que, en el mejor de los escenarios, el tren no estará operativo hasta dentro de 5 o 6 años y su urgencia es máxima porque sin él no existe posibilidad de trasladar mercancías sensibles y transformar el Puerto para uso ciudadano

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña valoró hoy en una entrevista concedida a Radio Voz el resultado de la reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento, en la que participaron representantes de las administraciones central, autonómica, provincial y local. Martín Fernández Prado señaló que en el encuentro no hubo avances significativos y lo que se extrae es que “queda todavía mucho trabajo por hacer”. Por ello, reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera intensa para dar nuevos pasos en un proceso que tiene al enlace ferroviario como el punto de partida imprescindible. Sin el tren “olvidémonos de sacar mercancías que continúan en el puerto interior, ni de transformaciones urbanísticas, ni de recuperar terrenos para la ciudad”, indicó el presidente.

Fernández Prado puso el calendario sobre la mesa para insistir en la urgencia de licitar el proyecto, aun contando con el compromiso expresado ayer desde el Ministerio de prorrogar dos años más la Declaración de Impacto Ambiental, que vence en el mes de junio. En ese escenario era materialmente imposible conservar la vigencia de la DIA, porque en el horizonte de junio la obra tendría que estar ya iniciada, tal como dicta la normativa ambiental. El tiempo sigue apremiando y “toca poner fecha cuanto antes” para la licitación de una obra que cuenta con un proyecto maduro, porque se corre el riesgo de dejar caducar de nuevo la declaración de impacto, lo que implicaría otros cinco años más de tramitación.

En el mejor de los escenarios, si la obra se licitara ahora mismo, el presidente de la Autoridad Portuaria calculó que “tendrían que pasar cinco o seis años para tener el tren operativo, sumando la adjudicación, contratación y la propia ejecución”. Para Martín Fernández Prado, lo verdaderamente importante ahora “es buscar los fondos necesarios para materializar un proyecto que estaba comprometido en el Protocolo firmado entre la Xunta y el Gobierno en 2018”, que preveía su licitación para el primer semestre de 2019 y que se paralizó tras el cambio de Gobierno.

Por lo pronto, la Autoridad Portuaria ya ha entregado a Puertos del Estado y a Adif un nuevo estudio económico cuyos resultados cuantifican también los efectos sociales y ambientales del Puerto Exterior. En este punto Martín Fernández Prado puntualizó que “no hay que olvidar que el principal motivo de su construcción fue alejar los tráficos más sensibles del centro de la ciudad, lo cual se ha cumplido”. Prueba de ello es que, a pesar de la alerta amarilla decretada por el fuerte viento, “hoy permanecen operando en Langosteira cuatro buques, dos de ellos con operaciones de coque y otro embarcando azufre”. Dos de las mercancías más molestas que ya se han retirado del centro urbano, con lo que ello supone en cuanto a mejora ambiental.

Fernández Prado también se refirió a la deuda originada por la construcción del Puerto Exterior. En primer lugar, y tras haber escuchado diferentes manifestaciones que podrían generar inquietud, expresó un claro mensaje de tranquilidad.  Así, recalcó que “la Autoridad Portuaria cuenta con liquidez que le permite afrontar todos los créditos y gastos de los próximos cinco años, pero que es necesario buscar una alternativa para no tener problemas a medio plazo”.

El presidente de la Autoridad Portuaria indicó que existen vías para despejar la deuda, entre ellas la que se abrió en el mencionado Protocolo, de crear un órgano para gestionar la compra de suelo por parte de las administraciones de manera que los terrenos siguieran siendo públicos y la Autoridad Portuaria recibiera una contraprestación. Así lo hizo la Xunta de Galicia, que, como recordaba Fernández Prado, “fue la única institución que se comprometió a aportar fondos para ello, nada menos que 20 millones de euros”. También recordó, como segunda vía, que si bien no están permitidas las ayudas directas, “existen mecanismos para solicitar la excepcionalidad a la Comisión Europea”.

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