Los préstamos para financiar la campaña para las elecciones catalanas

Carlos Segovia redactó un interesante artículo publicado en El Mundo y titulado “Los microcréditos para financiar campañas: Illa ofrece el 3% anual y el PSOE lleva ya 13 millones con esta vía sin base legal”, en el que se afirma que “el PSC pide préstamos al 3% de interés para pagarse la campaña catalana del 14-F mientras Podemos no pasa del tipo cero” y que “el Tribunal de Cuentas urge a regular esta nueva vía de financiación”.

Ciertamente, los préstamos a los que se refiere el artículo de Carlos Segovia que están solicitando el PSC y Podemos para su campaña electoral ya tienen una regulación suficiente. El artículo 1740 del Código Civil establece que por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo, siendo cierto que el artículo 1753 de la misma norma indica que el que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad. La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, determina que los partidos políticos pueden obtener ingresos por los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten y que en la contabilidad deberán incluir los gastos financieros de préstamos y las operaciones de capital relativas a créditos o préstamos de instituciones financieras.

No hay una falta de legislación suficiente sobre los préstamos que está solicitando y recibiendo el PSC para la campaña electoral por las elecciones del día 14 de febrero, como puede observarse. El problema que existe tiene más relación con las circunstancias que pueden derivarse si los acreedores del PSC no exigen el cumplimiento de los contratos de préstamo que concierten, con restitución del principal y pago de los intereses pactados, pues, en ese caso, existirían donaciones disimuladas por préstamos simulados que vulnerarían las reglas prohibitivas que se encuentran en la Ley Orgánica 8/2007.

La financiación de los partidos políticos es un tema que genera preocupación por motivos obvios, en la medida en que es básico lograr que todos los partidos políticos jueguen en igualdad de condiciones y respetando las reglas para que la formación de la voluntad popular pueda producirse sin distorsiones. José Manuel Maza Martín, en Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos, afirma por esa razón que debe garantizarse, incluso con la vía penal, el “normal y limpio desenvolvimiento de unos procesos encaminados a hacer realidad las aspiraciones de los electores, mediante el correcto ejercicio de la función representativa de los Ppols, como expresión del pluralismo, en régimen de igualdad con las otras opciones ideológicas en liza”.

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