La utilidad potencial del testimonio de Aznar y Rajoy por la “caja b”

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se encarga del enjuiciamiento de la posible financiación de la reforma de la sede del PP con dinero de la “caja b” llamó a declarar a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy para que el próximo día 24 de marzo para que expongan lo que saben sobre los hechos que se están analizando. A este respecto, Jose María Aznar desconoce lo que es declarar como testigo ante la Audiencia Nacional, asunto en el que Mariano Rajoy ya tiene experiencia por una declaración testifical anterior.

Ciertamente, cabe dudar sobre la utilidad que, a los efectos de la acreditación de los hechos enjuiciados, puedan tener las declaraciones que van a prestar José María Aznar y Mariano Rajoy por una razón muy simple: sus funciones estaban alejadas de la gestión de la contabilidad y, a este respecto, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que la sentencia que se dicte se basará en las pruebas practicadas en el juicio oral. No obstante, si que es cierto que la petición de declaración de los dos expresidentes tenga por objeto dejar en evidencia el posible conocimiento de los hechos por ambos dirigentes y, además, lograr la comisión de otro delito: el de falso testimonio, al forzar una afirmación que puedan incurrir en una clara contradicción.

Hay dos delitos de falso testimonio que se podrían cometer por un testigo. Por un lado, el delito del artículo 458 del Código Penal, que establece que el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Por otro lado, el delito del artículo 460 de la misma norma, que indica que, cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.

La Sentencia del Tribunal Supremo 318/2006, de 6 de marzo, indica que “El delito de falso testimonio definido en el art. 458 del Código penal, se comete cuando una persona llamada a prestarlo en causa judicial se aparta sustancialmente de la verdad tal como ésta se le representa, es decir, miente en lo que sabe y se le pregunta”, ya que existe “la posibilidad de que un testimonio falso, si induce a error al juez o tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoque una resolución injusta, esto es, un pronunciamiento en que no se realice el valor superior de la justicia y se lesione un interés que debe ser protegido por el poder judicial”. La misma resolución destaca que “este delito de falso testimonio tiene una gran importancia como delito contra la Administración de Justicia, pues la declaración prestada por los testigos tiene por objeto acreditar o desacreditar las diversas tesis mantenidas en un proceso por las partes litigantes, de modo que la contrapartida de un falso testimonio reside en la carga negativa penal que ha de conferirse a faltar a la verdad en aquello que le fuere preguntado al testigo, deduciéndose el oportuno tanto de culpa ante la jurisdicción penal”.

En cualquier caso, habrá que desear que, para contribuir al esclarecimiento de los hechos sobre la “caja b” del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy digan toda la verdad y nada más que la verdad. Si no lo hicieran, probarlo será una labor que corresponderá a aquel que decida acusar por falso testimonio.

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