Descubren en Asturias un fraude a la Seguridad Social superior a los 3M€

Una de las tramas investigadas es creada por un matrimonio que, a través de Internet, recurrían a un testaferro profesional y le situaban como representante de sus empresas deudoras

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Asturias cinco investigaciones dirigidas contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la hostelería, servicios de asesoría y publicidad, construcción, producción agrícola-ganadera y centros de belleza, con un fraude total en 3.394.326,53 euros. Se ha constatado la presunta responsabilidad en los hechos de 14 personas- seis detenidos, cinco investigados no detenidos y tres investigados no localizados- por delitos contra la Seguridad Social –fraude de cotizaciones- y frustración de la ejecución. Además se han tomado 41 declaraciones testificales.

La investigación comenzó tras recibir varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se requería la actuación policial ante presuntas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Oviedo, Gijón y Piloña.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, los agentes comprobaron que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.

Los investigadores han podido determinar la participación delictiva de 14 personas físicas -principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia así como familiares de los primeros- por presuntos delitos contra la Seguridad Social -fraude de cotizaciones- y frustración de la ejecución.

Buscando testaferro en Internet con experiencia 

Una de las investigaciones se desarrolló alrededor de un entramado empresarial desplegado por todo el territorio nacional con personas interpuestas que, presuntamente, generaba elevadísimas deudas con la Seguridad Social siendo dirigido y administrado por un matrimonio. Gran parte de estas empresas, desarrollaban su actividad en el sector hostelero mediante la gestión de alojamientos turísticos y, tras establecerse una sucesión empresarial entre las mercantiles deudoras, figuraba como representante de ellas una tercera persona, aparentemente sin vinculación con el matrimonio, pero con una actividad desenfrenada ante notarios.

Se comprobó que, a finales del año 2017, el matrimonio recurrió a un testaferro el cual se presentaba en Internet como testaferro profesional, ofreciendo sus servicios con honorarios acordes al riesgo resultando más barato que un concurso de acreedores. Este testaferro figuraba como administrador de 77 sociedades, sin datos declarados en la Agencia Tributaria y no era titular de ninguna cuenta bancaria ni figuraba de alta en la Seguridad Social, siendo situado por el matrimonio investigado como representante de sus sociedades deudoras para comprar empresas con deudas, o que van a generarla, e intentar salvar todo el patrimonio/facturación posible sin ir a concurso.

El matrimonio, con el fin de evitar posibles embargos, inscribió su propio domicilio particular a favor de una sociedad administrada por el marido desde el año 1998 pero sin actividad en la Seguridad Social.

Otra de las empresas creadas por estas personas, tenía participación en 19 sociedades distribuidas por todo el territorio nacional, siendo grandes deudoras a la Tesorería General de la Seguridad Social y no realizaron acciones tendentes a regularizar la deuda, provocando competencia desleal con empresas que tienen la misma actividad y sí pagan los seguros sociales de sus trabajadores.

Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados hacía inalcanzables las actuaciones ejecutivas de la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando a acumular una deuda total de 2.369.524,33€.

Titular de una pequeña moto vende su propio Palacio  

Otra investigación desarrollada se llevó a cabo alrededor de sociedades patrimoniales creadas por dos hermanos, sin trabajadores de alta en la Seguridad Social, con el fin de evitar la ejecución de deudas con la Seguridad Social a pesar de obtener importantes ingresos.

Las sociedades desarrollaban su actividad en el sector hostelero, siendo la sociedad principal deudora la que incumplía de forma sistemática el pago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social desde el año 2014 y no presentaba cuentas anuales desde el año 2015, y su administradora otra sociedad sin patrimonio a su nombre. Los inmuebles en propiedad se encontraban a nombre de tres sociedades de carácter patrimonial y familiar.

Uno de los hermanos, casado con capitulaciones matrimoniales, sólo era titular de una moto pequeña con 15 años de antigüedad y sin bienes ni derechos, pero con mucha actividad notarial actuando como apoderado o representante en compraventa de inmuebles, ampliaciones de capital,

Los investigadores estimaron que la familia tenía posibilidades económicas para pagar la deuda o al menos pagar los Seguros Sociales ordinarios de cada mes que no se habían pagado desde el año 2014 a la actualidad, ya que poseían bienes suficientes, como mínimo, para solicitar un aplazamiento afianzándolo con hipoteca unilateral a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, a lo que tampoco estaban dispuestos a pesar de vender en el año 2017 un Palacio y fincas anexas a una mercantil por 2.500.835,55€. En el año 2018, la principal empresa deudora declaró el pago a otras empresas dirigidas y gestionas por ambos hermanos, figurando una de ellas de baja en la Seguridad Social desde el año 2011 y sin presentación de cuentas en el Registro Mercantil desde el año 2015.

Además, se comprobó que la vida laboral de la hermana había transcurrido siempre en la ciudad de Madrid, desplazándose a Asturias sólo en vacaciones y épocas señaladas.

Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados, originó un perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social de 261.658,62€.

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