La inútil petición para suspender cautelarmente la ley de eutanasia. Por Diego Fierro Rodríguez

Abogado y letrado de la Administración de Justicia

La regulación de la eutanasia ha generado siempre un fuerte debate que ha visto un incremento de la temperatura con Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. La nueva norma tiene defensores, pero también detractores.

En la página web citizengo.org se ha publicado por Ángel José Sastre, un médico especialista en cuidados paliativos según afirma el promotor, una petición para que sea firmada por aquellos ciudadanos que se opongan a la Ley Orgánica 3/2021, que legaliza la eutanasia cumpliendo unos requisitos, para solicitar al Tribunal Constitucional que “suspenda cautelarmente la ‘ley de eutanasia’ y declare su inconstitucionalidad”. La pretensión expuesta se sustenta, esencialmente, en dos ideas: que “la proposición de ley para la legalización de la eutanasia en España aprobada por el Congreso de los Diputados entra en contradicción directa con el derecho a la vida garantizado en el artículo 15 de la vigente Constitución Española”; y que “ha sido aprobada mediante un procedimiento parlamentario incorrecto eludiendo el debate político y social que merece una cuestión moral tan relevante y trascendente”.

Todos los que están en contra de la Ley Orgánica 3/2021 tendrán que esperar a que se presente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma y a que se declare su inconstitucionalidad, no siendo posible su suspensión cautelar. La razón es muy simple: el Auto del Tribunal Constitucional 90/2010, de 14 de julio, afirma que “en el caso de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, el art. 30 LOTC impide su suspensión tanto automática como a solicitud de parte, fuera del caso previsto en el art. 161.2 CE”, pues, “como dijimos en el ATC 462/1985, de 4 de julio, «[l]os poderes de suspensión que tiene el Tribunal Constitucional están tasados»” y “«La suspensión automática prevista para otros casos (art. 161.2 citado) o a solicitud de parte (como es el supuesto del art. 64.3 LOTC) o de oficio o a instancia de parte (caso del recurso de amparo) son reglas que convienen a cada uno de los supuestos para los que están establecidas, pero no pueden extenderse a casos distintos de aquellos para las que están instauradas»”, de manera que, “de acuerdo con las citadas previsiones de la Constitución y de la LOTC y con la doctrina constitucional, el Tribunal Constitucional tiene vedada la posibilidad de suspender la aplicabilidad de la ley estatal”.

Todos los ciudadanos, a falta de un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/2021, deben acatar y respetar la norma. No obstante, los profesionales sanitarios podrán acogerse al derecho de objeción de conciencia que se encuentra regulado en la norma, que llega a definir esa facultad como “derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones”.

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