La prohibición de no discriminación ha llegado a los perros. Por Diego Fierro Rodríguez

Los perros son, por lo general, animales hermosos, inteligentes y leales, cualidades que ayudan a entender que mucha gente quiera más a un gracioso canino que a personas de su entorno. Precisamente, el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987 se hizo reconociendo “que el hombre tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas vivas, y teniendo presentes las especiales relaciones existentes entre el hombre y los animales de compañía” y considerando “la importancia de los animales de compañía por su contribución a la calidad de vida y su consiguiente valor para la sociedad”.

El tratamiento de los animales ante la ley no suele suponer problemas de discriminación, pues el artículo 14 de la Constitución se refiere únicamente a las personas. No obstante, el Gobierno se ha propuesto acabar con la “discriminación” contra los que se consideran perros potencialmente peligrosos, pretensión que se ha venido sosteniendo desde hace mucho.

Concretamente, lo que se pretende es modificar la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para implantar “mecanismos de validación de comportamiento de manera individual y no por razas”. Ello se debe a que la Ley 50/1990, según su Exposición de Motivos, “considera que la peligrosidad canina depende tanto de factores ambientales como de factores genéticos, de la selección que se haga de ciertos individuos, independientemente de la raza o del mestizaje, y también de que sean específicamente seleccionados y adiestrados para el ataque, la pelea y para inferir daños a terceros”, de modo que “perros de razas que de forma subjetiva se podrían catalogar como «peligrosos» son perfectamente aptos para la pacífica convivencia entre las personas y los demás animales, incluidos sus congéneres, siempre que se les hayan inculcado adecuadas pautas de comportamiento y que la selección practicada en su crianza haya tenido por objeto la minimización de su comportamiento agresivo”.

La Ley 50/1990 se aprobó precisamente para controlar la adquisición de perros de determinadas razas por ciertos sujetos que podían aprovechar esos animales para ataques o peleas. Por ese mismo motivo, dado el estigma que supone para muchos poseedores de perros la raza del animal, se cambie el mecanismo de control, pero garantizando, por motivos lógicos, que sujetos que puedan utilizar indebidamente a los perros no tengan la posibilidad de adquirir su posesión lícitamente.

Dicho todo lo anterior, habría que mantener el listado de infracciones y sanciones o ampliarla a todos los perros, pues es ilícito abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna, tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia, vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia, adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas, adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación y la organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales, así como muchas otras conductas que, más allá de la raza del perro correspondiente, no deben ser amparadas por el ordenamiento jurídico porque suponen un ataque contra los propios animales.

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