Pino: “Hemos pasado de un estado de alarma con todas las restricciones, a la completa dejación de funciones y desaparición del Gobierno”

Ciudadanos Galicia presenta una solicitud en Parlamento gallego instando a la reforma de la legislación contencioso administrativa para que sea la audiencia nacional el órgano judicial competente para la convalidación de las medidas restrictivas que aprobarán las autoridades sanitarias de las CCAA

La propagación del COVID-19 ha provocado más de 70.000 personas fallecidas por COVID-19 en nuestro país, 2381 en Galicia, a día de hoy, y existen, más de tres millones y medio de casos confirmados en nuestro país, lo que nos convierte en el noveno país del mundo por número de contagiados.

Por otra parte, a la excepcionalidad de las circunstancias se ha sumado la limitación de derechos fundamentales de los ciudadanos durante un periodo ciertamente prolongado en el tiempo, resultado de las distintas declaraciones del estado de alarma acordadas, y de sus sucesivas prórrogas, que han llegado a su fin el pasado 9 de mayo.

Tras la caída del estado de alarma, nos hemos encontrado con una situación sorprendente; hemos pasado del estado de alarma con todas las restricciones, a la completa dejación de funciones y desaparición del estado sin aportar a las Comunidades Autónomas ningún tipo de mecanismo jurídico que permita continuar la lucha contra la pandemia. «El Ejecutivo nacional no asume ninguna responsabilidad sobre las medidas a tomar, y obliga a que las Comunidades Autónomas y los jueces sean quienes tengan que encargarse de estas decisiones, generando problemas en diferentes con desigual criterio judicial».

«Es evidente que la gestión gubernamental de la pandemia ha evidenciado la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación de las competencias del Estado con las de las comunidades autónomas y eso debe obligar a este Gobierno a reaccionar en la agilización de las leyes administrativas al fin de favorecer la rapidez y la seguridad en el control judicial de las medidas adoptadas por órganos de naturaleza administrativa».

Ante estas circunstancias, Desde Ciudadanos se propone la reforma parcial de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, así como, en el mismo sentido, de la Ley 16/2003, de 28 de 3 mayo, para que sea la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para la convalidación de las medidas restrictivas que autorizarán las autoridades sanitarias de las Comunidades autónomas, otorgando la seguridad jurídica que la actual situación requiere.

Por todo ello, Desde Cs Galicia se solicita al PARLAMENTO DE GALICIA formular a la Xunta de Galicia la siguiente pregunta:

¿Va la Xunta de Galicia a instar al Gobierno de España a reformar la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, mediante la adición de un nuevo párrafo a la letra i), apartado 1, del artículo 11, al efecto de incluir, entre los asuntos de que conocerá la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en única instancia, la ratificación judicial de la declaración de actuaciones coordinadas en materia de Sanidad realizada por el ministro de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud?

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