La “alcaldada” de Clemente Iglesias (PP), alcalde de Riotorto, puede convertirse en un presunto delito de prevaricación.

Clemente Iglesias (PP), alcalde de Riotorto (Lugo)  se ha convertido en el adalid del “esperpento político” de la provincia de Lugo, incluso censurado por algunos de sus homólogos políticos, una “alcaldada”  que ha tenido y tiene repercusión de su “hazaña” en el ámbito mediático provincial y nacional, por su peculiar interpretación del carrasquilla “al enemigo ni agua”, cortándole el suministro al concejal opositor José García (PSOE), prácticas que uno presuponía desterradas, muy propias de tiempos pretéritos, demostrando con su acción, que la polarización de la política española, la llevó el Sr. Iglesias a su máxima exponencia, patrimonializando el PSOE la presunta mala praxis política del alcalde. Algo grave está sucediendo en la política española, cuando dos políticos de un tranquilo pueblo, en un momento de debilidad mental, distraen a sus vecinos en parodias propias de un teatrillo de guiñol.

Si de citas vamos, hay una harto elocuente para calificar a ambos personajes. “Por la boca muere el pez” y en su vertiente oral, ambos políticos locales, en medios de comunicación, semejan ser dos personajes de la farándula desnortada que estamos viviendo en España, dos bloques enfrentados, incapaces de reconocer su grado de culpabilidad. Ambos contendientes se creen en posesión de la verdad, uno es el “tonto onfálico” y el otro el “tonto bogavante”.

En Riotorto, los políticos han yugulado la herramienta del diálogo.

Estamos asistiendo al baile de la subestimación del fair play político, el Alcalde justificando su acción totalitaria, devolviendo el suministro cortado al político opositor, y el concejal socialista tratando de sacar “rédito político” a la boutade del Alcalde.

La Administración local tiene capacidad ejecutiva y coercitiva para hacer cumplir las obligaciones derivadas de cualquier servicio, por la actuación del alcalde, podría deducirse una presunta prevaricación, el agua está considerado como un servicio básico que no puede ser privado al ciudadano. El regidor de Riotorto, antes de cortar el suministro de agua a un vecino, debería agotar las vías que le ofrece la ley.

Fuentes jurídicas especializadas consultadas, no coinciden con la apreciación dada por el regidor municipal, el suministro de agua no puede ser privado por las causas alegadas por el Alcalde.

En una sociedad democrática civilizada, la actitud del Alcalde de Riotorto, hubiese sido motivo de dimisión, mas que nada, por higiene política, aunque es imposible conjugar el verbo dimitir entre los políticos comilitones españoles de variado colorido y plumaje.

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