El relato en la instrucción penal con José Luis Moreno. Por Diego Fierro Rodríguez

Ismael Moreno, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, dictó un auto para justificar la adopción de medidas cautelares y de investigación por posibles delitos cometidos por José Luis Moreno, que ha pasado de ser ventrílocuo a productor y, ulteriormente, a investigado por la Audiencia Nacional. La resolución afirma que desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la falsificación de cheques y pagarés y el blanqueo, mediante una estructura dividida en células operativas, añadiendo que José Luis Moreno, como persona pública muy reconocida, prestaba su nombre como tarjeta de visita para obtener financiación mientras otros dos investigados se dedicaban a la construcción del entramado societario de más de 700 sociedades que carecían de actividad real.

La Sentencia del Tribunal Supremo 272/2020, de 3 de junio, señala expresamente que el objeto del proceso penal se conforma de una manera progresiva a lo largo de su desarrollo” y que “Es evidente que al inicio del procedimiento se perfila ya el contenido básico de una eventual acción penal, de manera que es ineludible informar al encausado de cuáles son los hechos que se investigan, pero ni la denuncia como medio de iniciación del proceso penal, ni siquiera el atestado o la querella, pese a venir acompañados de diligencias de investigación documentadas o de fuentes de prueba que prestan sustento a la noticia criminis que contienen, ofrecen un pronóstico infalible e inmutable del desenlace de la investigación y de las consecuencias jurisdiccionales de su resultado, pues, Por más que sea exigible un pronóstico de tipicidad inicial, nada excluye que la investigación pueda reflejar conclusiones bien distintas de las primeramente supuestas, tanto en lo que hace referencia a los hechos que se indagan y su eventual calificación penal, cuanto a las personas que pueden tener responsabilidad en ellos.

Una vez concluida la instrucción, si hay indicios de criminalidad suficientes para entender que puede haberse cometido un delito por una persona responsable conocida, se declarará la apertura del juicio oral. No obstante, habrá que tener en consideración la Sentencia del Tribunal Supremo 609/2007, de 10 de julio, que expresa que a) Que sin haberlo solicitado la acusación no puede introducir un elemento «contra reo» de cualquier clase que sea; b) Que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) Que el inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no quedar sumido en una completa indefensión; y d) Que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado.

Iniciado el juicio oral, habrá que atender a la presunción de inocencia, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2006, de 24 de abril, analiza determinando que se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Sobre este asunto, la Sentencia del Tribunal Supremo 237/2015, de 23 de abril, afirma que La jurisprudencia (SSTS 24/2010 de 1 de febrero y 643/2009, de 18 de junio entre otras) ha elaborado algunos parámetros interpretativos sobre tal motivo que son expuestos por la STS 1-12-2013, nº 1028/2013: 1) En las resoluciones judiciales han de constar los hechos que se estimen enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, con declaración expresa y terminante de los que se consideren acreditados; 2)  La sala es libre para redactar del modo que estime más acertado los acontecimientos que repute acreditados. Pero nada le exime de esa tarea esencial; 3) El juzgador no tiene obligación de transcribir en sus fallos la totalidad de los hechos aducidos por las partes o consignados en las respectivas conclusiones (…); d) El vicio procesal existe no sólo cuando la carencia de hechos sea absoluta sino también cuando la sentencia se limita a declarar genéricamente que no están probados los hechos base de la acusación. Es necesario un relato en positivo. No basta una genérica negativa. En cualquier asunto penal, la resolución que se dicte sobre el fondo deberá recoger el razonamiento probatorio por el que se desmonte la presunción de inocencia, que, atendiendo a la Sentencia del Tribunal Constitucional 138/1992, de 13 de octubre, que afirma que la presunción de inocencia comporta en el orden penal al menos las cuatro siguientes exigencias: 1ª) la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una «probatio diabólica» de los hechos negativos; 2ª) solo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de contradicción y publicidad; 3ª) de dicha regla general solo pueden exceptuarse los supuestos de prueba preconstituída y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción; y 4ª) la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exlusiva del juzgador, que este ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración. Son palabras de nuestra sentencia 76/1990, de 26 de abril. Además, es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo 609/2007, de 10 de julio, señala que debe otorgase un amplio contenido a la presunción de inocencia, como regla de juicio, lo que permite un control del proceso inferencial seguido por los Jueces ordinarios: 1) El de la practica de la prueba y el respeto a las garantías; 2) El de la exposición por el órgano judicial de las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; y 3) El de la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante (SSTC. 169/86, 107/89, 384/93, 206/94m, 24/97, 81/98, 189/98, 1/99, 235/2002, 300/2005, 66/2006 ). Todo ello partiendo de que la estimación «en conciencia» a que se refiere el art. 741 L.E.Cr . no ha de entenderse a hacer equivalente o cerrado e inabordable el criterio personal e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas o directrices de rango objetivo que lleva a un relato histórico de los hechos en adecuada relación con ese acerbo probatorio, de mayor o menor amplitud, de datos acreditativos o reveladores, que haga posible reunir en el proceso. Suele centrarse la atención sobre las propias expresiones de los arts. 717 y 741 LECrim . en orden a fijar el alcance y límites de la función valorativa y estimativa de los Jueces. Criterio racional -dice la STS. 29.1.2003 – es el que va de la mano de la lógica, licencia y la experiencia, dejando atrás la arbitrariedad, la suposición o la conjetura.

Al proceso penal contra José Luis Moreno le queda un largo recorrido y, precisamente por eso, debiera andarse con cuidado en los medios de comunicación con el tratamiento que se hace del asunto, pues el productor va a ser inocente mientras no una sentencia no diga lo contrario, resultando indispensable que se evite la tentación de producir, para lograr la atención de la opinión pública, una distorsión de la realidad, pues no se puede olvidar lo que son los procesos judiciales penales y para qué sirven, pues, como afirma Vicente Gimeno Sendra en La simplificación de la Justicia Penal y Civil, “el proceso penal ha de cumplir la totalidad de sus fines constitucionales: no sólo la aplicación del derecho estatal de penar, sino también la obtención de la tutela de la víctima y, en la medida de lo posible, la reinserción del imputado”, aunque debe reconocerse que será difícil ver el cumplimiento de todos esos objetivos con José Luis Moreno.

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