La discutible retroactividad penal de la ley de eutanasia. Por Diego Fierro Rodríguez

El pasado día 30 de junio se pudo saber que el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación que mantenía contra Ángel Hernández, que hace dos años ayudó a su mujer, María José Carrasco, a morir, siendo cierto que, posteriormente, se dictó auto de sobreseimiento libro para poner fin al proceso penal sin condena. La mujer padecía esclerosis múltiple y, tras contribuir a su fallecimiento, se dirigió contra Ángel Hernández una acción penal por un delito de cooperación al suicidio.

La Disposición final primera de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 del Código Penal en los términos siguientes: el apartado 4 señala que El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3; y el apartado 5 indica que No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.

Ángel Hernández afirmó, según elDiario.es, que “»era lógico» que le retiraran la acusación desde que el pasado 25 de junio se aprobara la ley de eutanasia”. Sin embargo, hay que tener presente que no resulta tan lógico que eso suceda.

Debe tenerse presente que el artículo 2.2 del Código Penal establece que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Sobre este precepto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2002, de 8 de abril, afirma que el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, además de no conceder derecho de carácter constitucional susceptible de amparo (SSTC 8/1981, de 30 de marzo, y 15/1981, de 7 de mayo), supone la aplicación íntegra de la ley más beneficiosa, incluidas aquellas de sus normas parciales que puedan resultar perjudiciales en relación con la ley anterior, que se desplaza en virtud de dicho principio, siempre que el resultado final, como es obvio, suponga beneficio para el reo, ya que en otro caso la ley nueva carecería de esa condición de más beneficiosa que justifica su aplicación retroactiva, doctrina que había sido apuntada en el ATC 471/1984, de 24 de julio, y que ha resultado confirmada, más recientemente, en la STC 21/1993, de 18 de enero, FJ 5.

Como bien afirmó la abogada de Ángel Hernández, Olatz Alberdi, “la redacción es un poco ambigua, ya que dice que se eximirá de responsabilidad a aquel que haya seguido el procedimiento indicado en la ley de eutanasia… pero que Ángel pudiera seguir el procedimiento de la ley de eutanasia antes de que esa ley existiera era imposible”. Por tanto, no es totalmente correcto, en principio, aplicar la Ley Orgánica 3/2021 con carácter retroactivo.

El Derecho no es una ciencia exacta. Ello se puede comprobar en casos como el de Ángel Hernández, pues, aunque parezca existir una clara respuesta sobre la extinción de su responsabilidad penal a causa de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, no hay una solución única y tajante al ser posible entender que subsiste la responsabilidad penal por los delitos de eutanasia cometidos en el pasado, pero ello no se quiere aceptar socialmente y hay motivos, dada la gran dificultad que plantea la eutanasia.

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