La morosidad de las grandes empresas sigue lastrando la actividad económica de autónomos y autónomas

PMcM ha publicado su informe anual que recoge la morosidad de las empresas y el retraso de los pagos por parte del sector público

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la que forma parte la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), ha publicado el Informe sobre Morosidad en España 2020, el documento recoge la demora en los pagos a los autónomos y autónomas, así como a las micropymes. Los datos son alarmantes y en el caso del pago del sector privado se desprende que el plazo medio se ubica en 77 días, cifra que se aleja de los 60 días marcados por ley (Ley 15/2010). En este sentido, la administración pública sigue la estela del sector privado y su plazo medio se sitúa también en los 77 días, este empeoramiento supone un alejamiento aún mayor de los 30 días que establece la ley.

Para María José Landaburu, Secretaria General de UATAE, este informe supone un “duro golpe” para la actividad diaria que tienen que afrontar los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, por eso, insiste en “la necesidad de lograr el compromiso y cumplimiento de la ley por parte del sector privado y público para que estos impagos no lastren al empleo autónomo”, además remarca que: “no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la percepción del 48% de los encuestados siga siendo que para 2021 los plazos medios empeorarán”. Desde UATAE, ya han llevado a cabo diversas acciones para exigir a las administraciones públicas “el fiel compromiso de cumplir con la ley y de fijar nuevos mecanismos que ayuden a fiscalizar y regular la situación de los atrasos en los pagos que generan las grandes empresas”.

A este hecho se suma, además, la demanda de UATAE con respecto a las ayudas directas y que como destaca Landaburu: “no se pueden articular como un balón de oxígeno para autónomos y autónomas si al mismo tiempo se sigue premiando y dando acceso a las empresas que se encuentran endeudadas”. Por eso, incide en “lograr el cumplimiento de los plazos a través de un régimen sancionador que sea eficaz y que permita agilizar estas demoras en las deudas adquiridas” porque “no se puede seguir transmitiendo la imagen de impunidad hacia un sector que cuenta con un gran capital y que termina estrangulando a los más pequeños a costa de seguir aumentando sus propios beneficios”.

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