La (im)posible responsabilidad civil del Gobierno catalán por los contagios en festivales. Por Diego Fierro Rodríguez

Se ha presentado una situación bastante interesante en lo que se refiere precisamente a la posible responsabilidad patrimonial del Gobierno catalán por lo más de 2.000 contagios que se han producido con personas que acudieron a festivales de música organizados en Cataluña con la aprobación de la Generalitat, que suministró unos protocolos para impedir la expansión del Covid-19. Más de uno puede sentirse tentado de presentar una reclamación para iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Gobierno de Cataluña por el contagio, especialmente si, además de dar positivo, ha sufrido los síntomas con una contundencia mayor de la deseada.

Por el artículo 32 de la Ley 40/2015 en relación con el artículo 106 de la Constitución, las Administraciones Públicas responden por los daños que sus acciones u omisiones provoquen a los particulares en su persona o en sus bienes, siempre y cuando el resultado lesivo se le pueda atribuir a la actividad o inactividad administrativa. Precisamente, se podría decir que el Gobierno catalán permitió la celebración de los festivales de música sin tener que hacerlo y que, además, no realizó las actividades necesarias para evitar los contagios. No obstante, la cuestión no es tan sencilla, pues hay elementos que pueden desvirtuar la atribución del daño al Gobierno de Cataluña.

Es posible que la Generalitat alegue, ante posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por contagios, que los mismos se produjeron por intervenciones de terceros que alteraron el curso causal y que impiden atribuir los referidos contagios a una actividad o inactividad administrativa. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) 843/2009, de 18 de diciembre, se refiere a la prohibición de regreso, que impide atribuir a un sujeto el resultado de una acción si en el curso causal ha intervenido la conducta de otra persona de manera que haya desviado el nexo. Precisamente, Pablo Salvador y Antonio Fernández señalan, en “Causalidad y responsabilidad”, que “no cabe retroceder en el curso causal e imputar a un agente las consecuencias originadas por la interposición del comportamiento ilícito de un tercero”, de manera que “no cabe responsabilizar al deudor que pagó una deuda al acreedor por el crimen que éste perpetró luego con armas adquiridas gracias al dinero pagado”.

Hay que evitar el simplismo jurídico y no abogar por soluciones sencillas a problemas que son más complejos de lo que se quiere reconocer. En caso contrario, se pueden realizar actuaciones que terminen con un proceso judicial cuya duración puede alargarse en el tiempo más de lo deseable para, al final, no alcanzar objetivo alguno.

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