La invalidez de las multas y la responsabilidad civil por la nulidad del confinamiento. Por Diego Fierro Rodríguez

Ya se ha podido llegar a saber que el Tribunal Constitucional ha decidido declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del estado de alarma acordado mediante el Real Decreto 463/2020, que estableció un confinamiento por cuyo incumplimiento fueron sancionadas muchas personas

El Tribunal Constitucional afirma que el propio confinamiento supuso una restricción de derecho de altísima intensidad que provocó su práctica suspensión y que, por ende, excedió de la simple limitación de derechos. Concretamente, se afirma por el tribunal que a menos que se quiera despojar de significado sustantivo alguno al término ‘suspensión’, parece difícil negar que una norma que prohíbe circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados, supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho, proscritos como se ha reiterado ya en el estado de alarma, siendo preocupante el riesgo de permitir al Gobierno la posibilidad de limitar otros derechos fundamentales garantizados por nuestra norma fundamental, de forma generalizada y con una altísima intensidad, mediante el simple expediente de afirmar (unilateralmente, sin posibilidad de debate y autorización parlamentaria previos, ni de control jurisdiccional) su carácter ‘meramente’ restrictivo, y no suspensivo. Todo ello se entiende porque, a la luz del análisis del Tribunal Constitucional, Cuando la gravedad y extensión de la epidemia imposibilitan un normal ejercicio de los derechos, impiden un normal funcionamiento de las instituciones democráticas; saturan los servicios sanitarios (hasta temer por su capacidad de afrontar la crisis) y no permiten mantener con normalidad ni las actividades educativas ni las de casi cualquier otra naturaleza, es difícil argüir que el orden público constitucional (en un sentido amplio, comprensivo no solo de elementos políticos, sino también del normal desarrollo de los aspectos más básicos de la vida social y económica) no se vea afectado y que lo sucedido conllevaba una “grave alteración” que podría legitimar la declaración del estado de excepción, porqueotra cosa implicaría aceptar el fracaso del Estado de Derecho, maniatado e incapaz de encontrar una respuesta ante situaciones de tal gravedad.

Se podría haber utilizado el estado de alarma durante quince días para, posteriormente, aprovechar el estado de excepción durante dos meses como instrumento de imposición del confinamiento con una mayor intensidad en el control parlamentario. No obstante, se prefirió utilizar un mecanismo distinto al que procedía aprovechar y se usó otro con finalidades diferentes a las que corresponden jurídicamente y ya se pueden ver consecuencias, resultando interesantes los efectos de la nulidad del confinamiento sobre las multas que se impusieron por su incumplimiento y sobre la responsabilidad patrimonial derivada de los daños y perjuicios causados por su cumplimiento.

En cuanto a las sanciones impuestas por incumplir las reglas del confinamiento, hay que decir que dichas sanciones quedan sin efecto, aunque hayan adquirido firmeza. La razón es simple, pues el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece expresamente que las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad, de modo que, siendo nulo el confinamiento, son nulas las sanciones impuestas por su incumplimiento. Sobre este asunto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 30/2017, de 27 de febrero, afirma que referencias al art. 25.1 CE como inequívoco fundamento de la previsión del art. 40.1 in fine LOTC permiten defender que no existe ese límite no explicitado legal ni doctrinalmente a las posibilidades de revisión de un acto sancionador producido en aplicación de una norma posteriormente declarada inconstitucional, presuponiendo la existencia de cauces de revisión, sea en vía administrativa, sea en vía judicial, para eliminar, por mandato del reiterado art. 25 CE, todo efecto de la sentencia o del acto administrativo, por más que hayan adquirido firmeza, ya que admitir otra posibilidad chocaría frontalmente con el propio art. 25.1 CE, del que es corolario el inciso final del art. 40.1 LOTC.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pública, debe afirmarse que la sentencia del Tribunal Constitucional expresa que al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de los dispuesto en el art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Es cierto que el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fuertemente vinculado con la sentencia comentada, establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, concretándose en el apartado 4 del mismo precepto que si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Por tanto, resulta muy difícil lograr una indemnización por daños y perjuicios causados por el confinamiento, siendo cierto, además, que resulta complicado confirmar la concurrencia de todos los requisitos básicos del artículo 32.1 de la Ley 40/2015.

Como puede comprobarse, es posible recuperar lo pagado por multas impuestas a causa del incumplimiento del confinamiento, pero no se podrá cobrar por lo sufrido al cumplirlo. Ello habla mucho de las garantías del ordenamiento jurídico español, que resultan grandiosas en el ámbito sancionador pero endebles en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, algo que quizá resulta lógico para que de las arcas públicas no salga mucho más dinero del que volverá a los que fueron sancionador por salir a la calle sin justa causa cuando todos los ciudadanos se encontraban confinados.

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