La suprema “justicia” civil para la familia de José Couso 16 años después. Por Diego Fierro Rodríguez

El pasado día 15 de julio se pudo conocer la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Estado a abonar 182.290 euros a la familia de José Couso, con 99.430 euros para la viuda y 41.430 para cada uno de los dos hijos del periodista. Dicha resolución confirma la Sentencia de la Audiencia Nacional 4391/2019, de 11 de diciembre.

La indicada sentencia del Tribunal Supremo es bastante contundente y se basa en un razonamiento claro. En ella se llega a firmar que los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado, pero siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismos de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable.

En Derecho internacional: Curso General, Antonio Remiro Brotóns expresa que “la protección diplomática consiste en la invocación por un Estado, mediante la acción diplomática o por otros medios de solución pacífica, de la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado a uno de sus nacionales a consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito, previo agotamiento por este último de los recursos internos del Estado infractor”, siendo “un principio elemental del Derecho Internacional el que autoriza al Estado a proteger a sus nacionales lesionados por actos contrarios al Derecho Internacional cometidos por otro Estado, del que no ha podido obtener satisfacción por las vías ordinarias”. Sobre este tema ya se había pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2004, que señala que ante la ausencia de norma legal expresa sobre la materia, se desarrolla en nuestro ordenamiento al socaire de Convenios que intentan alcanzar una solución a los problemas derivados de la privación de propiedades de ciudadanos españoles en Estados extranjeros a consecuencia de actuaciones legales de éstos pactando sumas globales que luego son repartidas por el Estado español entre los afectados, es decir se realiza la citada protección cuando no ha podido obtenerse satisfacción por las vías ordinarias. Además, la Sentencia de Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2003 llegar a destacar que debemos concluir que, si bien en su formulación más pura, el ejercicio de la protección diplomática es una cuestión ajena al ciudadano, es posible, dado su carácter discrecional, efectuar un control jurisdiccional sobre su ejercicio, que, debe reconocerse, plantea grandes dificultades por la propia naturaleza del instituto y que, En este sentido, y ya en el plano del Derecho interno del Estado, al margen del modo en el que deben desarrollarse las relaciones internaciones y de los postulados del Derecho Internacional clásico, podemos afirmar que cabe realizar un control jurisdiccional en sede contencioso administrativa, bien por falta de actividad del Estado (Asunto Juancho Rodríguez, que motivó la presentación de una nota verbal ante la Embajada americana, el 25-2-92), o por causa de su ejercicio con resultado objetivamente insatisfactorio.

Por todo lo expuesto debe inferirse que hay responsabilidad patrimonial del Estado por la omisión de la protección diplomática, conforme al artículo 139 de la Ley 30/1992, norma legal vigente cuando se produjo la omisión por parte de la Administración General del Estado español al no presionar a Estados Unidos para investigar la muerte del periodista. Esa responsabilidad patrimonial se originó en tiempos de Gobiernos del PP, pero el PSOE tuvo la oportunidad de aceptar la sentencia de la Audiencia Nacional o de llegar a un acuerdo económico con la familia de José Couso.

Ciertamente, si hubiera existido coherencia por parte del PSOE, que estuvo pidiendo durante años justicia para la familia de José Couso, la Abogacía del Estado no tendría que haber presentado un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al Estado a pagar una indemnización a la viuda y a los hijos del periodista. Ahora, el Tribunal Supremo ha otorgado justicia al conceder una indemnización a los perjudicados que, aunque no cubrirá la pérdida de José Couso, si que ayudará a compensar parcialmente a su familia, a la que defendió el PSOE mientras le convino para atacar al PP, sin que se pueda hacer reproche alguno a Unidas Podemos, pues siempre estuvieron con los perjudicados por la muerte del periodista y obraron con un coherencia que debe ser reconocida. No obstante. Hay que reconocer que el tiempo transcurrido desde lo sucedido desvirtúa mucho que se pueda hablar de justicia, pues la justicia tardía no es justicia, aunque siempre será mejor ver una puerta abierta que padecer el sufrimiento del protagonista de “Ante la ley”, reconocido relato de Franz Kakfa, que expone lo siguiente: “Durante  todos  esos  años,  el hombre  observa ininterrumpidamente al guardián. Olvida a todos los demás guardianes y aquél le parece ser el único obstáculo que se opone a su acceso a la Ley. Durante los primeros años maldice su suerte en voz alta, sin reparar en nada; cuando envejece,  ya  sólo  murmura  como  para  sí.  Se vuelve pueril, y como en esos años que ha consagrado  al  estudio  del  guardián  ha  llegado  a conocer hasta las pulgas de su cuello de pieles, también  suplica  a  las  pulgas  que  lo  ayuden  a  persuadir  al  guardián.  Finalmente  su  vista  se debilita y ya no sabe si en la realidad está oscureciendo a su alrededor o si lo engañan los ojos. Pero  en  aquellas  penumbras  descubre  un  resplandor  inextinguible  que  emerge  de  las  puertas de la Ley. Ya no le resta mucha vida. Antes de morir resume todas las experiencias de aquellos años en una pregunta, que nunca había  formulado  al  guardián.  Le  hace  una  seña para que se aproxime, pues su cuerpo rígido ya no le permite incorporarse. El  guardián  se  ve  obligado  a  inclinarse mucho,  porque  las  diferencias  de  estatura  se han acentuado señaladamente con el tiempo, en desmedro del campesino. —¿Qué  quieres  saber  ahora?  –pregunta el guardián–. Eres insaciable. —Todos  buscan  la  Ley  –dice  el  hombre—.  ¿Y  cómo  es  que  en  todos  los  años  que llevo aquí,  nadie más que yo ha solicitado permiso para llegar a ella? El  guardián  comprende  que  el  hombre está  a  punto  de  expirar  y  le  grita,  para  que  sus oídos debilitados perciban las palabras. —Nadie más podía entrar por aquí, porque  esta  entrada  estaba  destinada  a  ti  solamente. Ahora cerraré”.

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