Alquiler, ‘ley mordaza’ y salud mental serán las próximas batallas de Unidas Podemos en el Gobierno

La regulación del precio del alquiler, facultando a las comunidades autónomas y ayuntamientos para declarar zonas tensionadas en las que los caseros no podrían cobrar más de un importe determinado a sus inquilinos, es una reclamación recurrente de Unidas Podemos. De hecho, se incluyó en el acuerdo de gobierno que firmaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, en enero de 2020.

Posteriormente, a finales de octubre, Unidas Podemos exigió al PSOE que incorporara un compromiso de aprobar una ley de vivienda con esa regulación del alquiler en un plazo máximo de tres meses, a cambio de que los ministros del espacio confederal apoyaran el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021. Pero el plazo transcurrió sin que las reuniones entre ambas partes hicieran a los socialistas moverse de su posición de ofrecer incentivos a los propietarios que abarataran el arriendo de sus viviendas, pero no imponerles un precio máximo.

La sustitución en julio como ministro de Transportes de José Luis Ábalos por la exalcaldesa de Gavá (Barcelona) Raquel Sánchez, quien impuso limitaciones al alquiler en este municipio, parecía una buena señal, pero no se han registrado avances desde su nombramiento. En el espacio confederal adelantan que habrá “pronto” una reunión de Sánchez con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para hablar del tema.

Aseguran que por parte de Unidas Podemos “no se va a renunciar” a regular el alquiler, porque es un tema tan importante como la luz. Hay quien sopesa que el PSOE al final podría decantarse, si no por una intervención directa que no resultaría ortodoxa, sí por una indirecta como el que se ha aprobado en el detrayendo del recibo de la luz los beneficios extraordinarios consecuencia de la subida del gas. Con un ministro u otro, saben que la decisión final la tomará el presidente, y las últimas decisiones de Sánchez en relación a la luz o al SMI han sido propicias al espacio confederal.

‘LEY MORDAZA’

Igualmente, desde Unidas Podemos avanzan que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana va a ser uno de los temas que “se va a ir metiendo en las negociaciones” con la parte socialista en el seno del Gobierno, una vez que la vacunación está limitando los daños provocados por la epidemia de coronavirus, que obligó a demorar tantas cosas. Según dicen, “ya se han intercambiado documentos, y ahora toca negociar”.

En realidad, éste es otro punto que venía ya recogido en el acuerdo de gobierno originario, que recoge en su punto 5.6: “Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la “Ley mordaza» para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Significativamente, la propia Belarra, este miércoles, al reiterar su tesis de que “en los próximos meses este Gobierno se juega su reelección” y para ganarla debe «apostar por una agenda social y democratizadora potente”, creyó oportuno recordar que “las leyes mordaza siguen vigentes”

“Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal”, rezaba el acuerdo de coalición, aunque desde Unidas Podemos admiten que, más allá del ya derogado artículo 315.3 que penalizaba los piquetes informativos, no hay plena concordancia con el PSOE acerca de todos los aspectos que debería recoger la ley.

Además, en Unidas Podemos sostienen que unida a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana debe ir la aprobación de su proposición de ley de Protección de la Libertad de Expresión que ya admitió a trámite en junio el Congreso de los Diputados, y que recoge la despenalización de las injurias a la Corona y las ofensas religiosas. El grupo confederal ha presentado una “autoenmienda” a su propia norma para que los delitos de odio se limiten a los que se cometan sobre colectivos vulnerables, y, como dijo la semana pasada su portavoz, Pablo Echenique, no se usen “de manera espúrea” para “proteger a nazis”.

SALUD MENTAL

No obstante, dependiente la Ley de Vivienda del Ministerio de Transportes, la de Seguridad Ciudadana del del Interior y ya tomada en consideración la Ley de Protección de la Libertad de Expresión, fuentes de Unidas Podemos avanzan que la primera proposición de ley que el grupo confederal llevará al Pleno del Congreso en cuanto su cupo se lo permita será la de Salud Mental, que registró el viernes 10 después de anunciarla en mayo e incorporar desde entonces demandas de los colectivos concernidos y precisiones del Ministerio de Sanidad.

La iniciativa de Unidas Podemos tiene como punto más concreto e importante la fijación de una ratio mínima de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, y, consecuentemente con este incremento de personal, de un tiempo máximo de espera de los pacientes para acceder a los servicios de salud mental. También prevé establecer una línea telefónica gratuita de atención y seguimiento a las personas con tentativas suicidas y prohibir la esterilización forzosa de mujeres con algún problema de salud mental.

Fuentes del grupo parlamentario aseguran contar con el compromiso del Grupo Socialista de que sus diputados votarán a favor de la admisión a trámite de esta proposición de ley cuando el Congreso tenga que decidir si la toma en consideración, pero reconocen que no tienen todavía la garantía de que la apoyarán sin condiciones durante toda su tramitación. Esta legislación no forma parte del acuerdo de gobierno al que siempre apela Unidas Podemos cuando llama a sus socios a cumplir los compromisos firmados, y la impresión en el espacio confederal es que lo socialistas preferirían conformarse con una simple estrategia de salud mental que no fuera tan vinculante como una ley.

(SERVIMEDIA)

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