Más de un tercio del gasto de los hogares se va en el piso y los suministros

ADICAE considera imprescindible un gran pacto social para una Ley de Vivienda que afronte los problemas estructurales del mercado para los consumidores

ADICAE aguarda con máximo interés el Anteproyecto de Ley de Vivienda que el Consejo de Ministros debate este martes. Una iniciativa que requerirá de un debate que incorpore a los consumidores para que la norma afronte, además de la denominada “emergencia habitacional”, los graves déficits de fondo del acceso a la vivienda en España. La regulación proyectada mantiene además íntima conexión con el inminente Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, por lo que ADICAE trasladará propuestas relativas a ambos textos, en la perspectiva de reformar y reforzar las actuales políticas de acceso a la vivienda.

ADICAE considera que el planteamiento del Anteproyecto debe ser global para responder a los retos que la falta de políticas eficaces de acceso a la vivienda ha originado. La perspectiva a aplicar en la regulación de aspectos de urgencia como el precio de los alquileres debe ser completa, abordando todos los elementos que permitan implementar medidas que permanezcan a largo plazo.

En este sentido, la definición de «área tensionada» conocida hasta el momento se barema en función de porcentaje de gasto en vivienda de los hogares, pero el ajuste fino de los cálculos determinará su alcance: ADICAE defiende que los índices de referencia deben atender de manera más precisa a la situación económica real de la mayoría de los hogares, y deben ponderar el estado del inmueble y su habitabilidad.

ADICAE defiende una intervención completa en el mercado inmobiliario desde un concepto clave: el gasto en vivienda y suministros no puede suponer más del 30% del ingreso de cada hogar. Por encima de eso, el riesgo para los consumidores es evidente, independientemente de cómo se definan las áreas tensionadas, y se dificulta a los consumidores el acceso a la vivienda. La mayoría de los hogares, según la estadística del INE, ya están por encima de ese porcentaje, y en los quintiles de menor renta se supera el 40% de ese ingreso.

De igual forma la futura Ley de Vivienda deberá además ser especialmente precisa a la hora de vigilar en qué condiciones se produce la adquisición de viviendas, y cómo evoluciona el sector que vehicula mayoritariamente la compra, el sector financiero. Por eso, «si no hay protección de los consumidores, si seguimos como hasta ahora y como en la anterior crisis frente a unos sectores económicos de enorme fuerza, nos volveremos a encontrar frente a una crisis no resuelta cuyas consecuencias volverán a cargarse sobre la espalda de los consumidores», defiende el presidente de ADICAE, Manuel Pardos.

ADICAE reafirma su propuesta para un pacto de Estado que ponga el acceso a la vivienda y a los suministros básicos en el centro de las políticas públicas, desde una perspectiva integral y global que dé voz a las reivindicaciones de los consumidores. Hacia allí debe caminar la tramitación parlamentaria de la nueva ley. «Es urgente promover un nuevo concepto de la vivienda y sus suministros como factor esencial de la economía, y fuente de nuevos derechos ciudadanos para integrarlos en una economía equilibrada», manifiesta el presidente de ADICAE, porque «es lamentable que una familia no pueda acceder a una vivienda de manera digna y razonable, ni a los suministros necesarios para habitarla en condiciones».

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