7 años de inhabilitación a Rafael Louzan por prevaricar siendo presidente de la Diputación de Pontevedra

Considera probado que cometió irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecosto en las obras del campo de fútbol de Moraña ———-

El tribunal absuelve a la exalcaldesa de la localidad porque el procedimiento se ha dirigido contra ella tras declarar compleja la causa, algo que asegura que se ha hecho fuera de plazo ———

Absuelve a los condenados por fraude y destaca que «no consta que se había cobrado más del efectivamente realizado, como tampoco a precios superiores a los del mercado»

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La Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió al expresidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán, del delito de estafa por el que había sido condenado y confirmó la pena de siete años de inhabilitación para el empleo o cargo público impuesta por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra por cometer un delito de prevaricación al conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para realizar obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas. Por lo tanto, estimó parcialmente el recurso de apelación del investigado, así como los interpuestos por el entonces Director de Infraestructuras de la Diputación Provincial y el administrador y un empleado de la adjudicataria del contrato, a quienes absolvió de fraude. Sin embargo, cada uno de ellos fue condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación,

Los jueces explican que prevalecieron al acordar «crear y desarrollar un procedimiento administrativo ficticio para que la Diputación pague a la empresa las cantidades reclamadas por obras realizadas al margen del proyecto de una obra subvencionada por el organismo». 

La Audiencia Provincial absolvió a todos los condenados en primera instancia por estafa en este caso y al ex alcalde de Moraña  y al arquitecto firmante del proyecto, también del delito de prevaricación, al entender que la declaración de complejidad de la la causa fue adoptada extemporánea, por lo que el procedimiento se dirigió contra ambos cuando ya había vencido el plazo para la instrucción. Por tanto, estos dos últimos investigadores fueron absueltos de todos los delitos, al igual que los propietarios de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad a pesar de que se trataba de «un mero trámite» para adjudicar la obra a una determinada empresa. , ya que sólo habían sido condenados por un delito de estafa.

Al igual que el juez de primera instancia, el Juzgado da por probado que la empresa constructora a la que la Diputación había adjudicado en 2011 la instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificios anejos, incrementó su coste en 86.816 euros. Al tratarse de una obra subvencionada, la legislación impidió que se pasara el importe subvencionado, por lo que, para hacer frente a este pago, “se ideó un sistema artificial, incumpliendo la ley, para pagar a la empresa la cantidad que reclamaba en el presupuesto .aprobado”. Así, en 2013 se adjudicó irregularmente otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras de los vestuarios y las gradas del campo de fútbol, ​​a pesar de que algunas de ellas ya estaban ejecutadas.

“Se desacató absolutamente el procedimiento legalmente establecido”, dijo el tribunal, que precisa que, sin embargo, no se probó el delito de estafa porque entiende que no hubo perjuicio ni riesgo de perjuicio para la administración y tampoco se probó la intención de perjudicar de los imputados. el patrimonio de la Administración”. También destacó que no se ha probado que la actuación de los demandados «estuviera encaminada a defraudar el patrimonio de la Administración» y subrayó que «no está claro que se les cobrara más de lo que realmente se hizo, ni a precios superiores a los del mercado». .

Por su parte, el expresidente de la Diputación destacó que se impuso al votar a favor del acuerdo de otorgamiento de la subvención “a pesar de que fue ilegal y arbitrario porque respondía a una estratagema al deber de transparencia y no protección de los derechos de la Administración”. Contra la sentencia cabe recurso de apelación.

Conviene recordar un articulo publicado en 21noticias, el 25/02/2021 donde se recordaba a los responsables de mantener a Louzan en la presidencia,  que la solución la tenian ellos. Esperemos que esta vez Lete Lasa no se esconda, de la cara y tome las medidas oportunas, para eso cobro dinero publico, para regenerar al deporte gallego. Ha pasado mas de un año y la RFGF es la vergüenza del futbol nacional, con un presidente atrincherado en su silla. Si esta es la enseñanza que reciben los jovenes de los trincadores, corruptos y de duplas como Rubiales-Louzán, que acceden al deporte para servirse, no para servirlo, mal ejemplo ven en estos personajes.

 

 

 

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