El PP de Oleiros se suma a la moción que será presentada para solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición

El grupo municipal solicita al Ayuntamiento de Oleiros su anexión a dicha moción como manifestación pública de defensa de la democracia y del Estado de Derecho del que forma parte este municipio

El Partido Popular de Oleiros se va a sumar a la moción que va a ser presentada para solicitar al gobierno de España la no revisión del delito de sedición.

Esta moción es consecuencia de la intención de reformar el delito de sedición que ha manifestado el Gobierno, con Pedro Sanchez a su cabeza, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Con este anuncio, el gobierno de España retoma un peligroso precedente; el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido.

El Partido Popular de Oleiros pide al gobierno municipal que se pronuncie públicamente sobre su posicionamiento al respecto, para saber si apoyan, o no, reducir las penas establecidas al delito de sedición, es decir, si apoyan esta modifición y por tanto participan activamente del descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España; o si por el contrario defienden la democracia y el Estado de Derecho del que este municipio forma parte.

Se considera esencial que desde Ayuntamientos como el nuestro de Oleiros exista un pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar al Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley.
España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del aprecio y la confianza de los ciudadanos.

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