Xosé Edrosa Leal
Ayer fue un día triste para nuestro Estado de derecho: La Sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, a instancia de doña Inés Madrigal, ha dictado Sentencia por los presuntos hechos que se le imputaban al ginecólogo don Eduardo Vela, consistentes en detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial, hechos por los que el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 11 años.
El tribunal juzgador ha reconocido como probados tales hechos, al tiempo que ha considerado la prescripción de los mismos. Ante tal situación, procede hacer la siguiente observación: cuando hechos punibles de esta naturaleza y relevancia están probados, y el tribunal juzgador no puede imponerle al justiciable la correspondiente pena, lo que falla en este caso, es el Estado de Derecho.
A la vista de estos hechos, resulta oportuno señalar el artículo publicado por el que suscribe en este mismo medio el pasado día 8 de agosto, sobre los bebés robados en Lugo. En dicho artículo, en materia conexa con este tipo de casos, apelaba a la concurrencia de una deliberada omisión legislativa de nuestros legisladores, ello a tenor de los derechos consagrados en la Constitución Española y que no han sido traducidos al día de hoy a nuestro ordenamiento jurídico, tanto a nivel civil como penal. Ante tal hecho, invocaba la doctrina del Tribunal Constitucional, la cual nos indica que cuando concurre una clara omisión legislativa, serán de aplicación directa las normas emanadas de nuestra Constitución. Seguramente, en el recurso de Casación anunciado, el Tribunal Supremo aplicando la analogía con otros casos de similar relevancia, encontrará la manera de no dejar impunes estos delitos de lesa humanidad.
Esperamos que en el Proyecto de Ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, se tengan en cuenta estas cuestiones y se pueda hacer justicia con la seguridad jurídica que demanda este tipo de casos.