ASFASPRO denuncia que es necesario que la Constitución llegue definitivamente al personal militar actualizando su legislación.
Ayer, 4 de diciembre, se constituyó la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Mañana, 6 de diciembre, es el Día de la Constitución. Hemos querido aprovechar las dos acepciones de esta palabra, Constitución, porque los señores diputados de la Comisión de Defensa del Congreso –y también los del Senado- tienen por delante mucho trabajo para garantizar que la Constitución se aplique debidamente también a un colectivo que tiene los derechos restringidos después de 45 años de la promulgación de la Carta Magna: el personal militar de las Fuerzas Armadas.
Un personal que ha estado y está contribuyendo en primera línea a la defensa de los derechos constitucionales del resto de la ciudadanía, y ha estado y está sacando las castañas del fuego cuando no queda nadie más. Se ha podido comprobar en la anterior legislatura: pandemia, volcán de La Palma, avalanchas en las fronteras, nevadas, incendios… A cambio, el personal militar recibe huecas felicitaciones verbales, palabras y palabras, y alguna chapa, como la de la Operación Balmis, para lustre en el uniforme y sin remuneración… Los militares son los únicos empleados públicos a quienes se puede exigir entregar su vida cuando sea necesario, pero esto parece que no se valora. El personal militar sufre un importante recorte de sus derechos constitucionales que no se compensa con las justas condiciones laborales y retributivas que merece, como cualquier otro colectivo profesional. En la práctica los militares son ciudadanos de segunda y trabajadores de tercera. Y esto va en contra de lo que establece la Constitución.
Sus señorías, en el Congreso y en el Senado, deben velar para que el trato que recibe el personal militar sea justo y digno, y ello está en sus manos:
- Modificando la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LODD), que con su actual redacción prohíbe el derecho de reunión de los militares con sus asociaciones profesionales en los cuarteles, mientras que se permite que cualquier empresa entre en las unidades para vender o publicitar sus productos. También modificando el funcionamiento y la configuración del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que, sin elecciones ni votaciones ni voluntad ministerial de cumplir los acuerdos, cada día se parece más a un corralito en el que encerrar a las asociaciones para que pataleen sin testigos.
- Modificando la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (LCM), configurando una carrera militar digna y atractiva, que reconozca académicamente el contenido de la enseñanza militar y que garantice una promoción interna real y posible que tenga en cuenta la experiencia profesional y la formación cursada, como dispone el Plan Bolonia pero no sucede en la actual enseñanza militar española.
- Unos Presupuestos Generales del Estado que proporcionen al militar la retribución justa y digna que merece su formación y su sacrificado desempeño, y que debe ser similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los Ejércitos de nuestro entorno. Las nóminas militares están hoy mucho peor que cuando, en el cada día más lejano febrero de 2018, los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados calificaron como grave la situación de las retribuciones militares. Hoy están peor, y tuvimos que sufrir el bochorno de que los últimos presupuestos se incrementaron en unos cuantos miles de millones las partidas para material militar mientras se negaban a aumentar la de personal en unos modestísimos 320 millones de euros para comenzar a dignificar los bajos sueldos militares.
Señorías, tienen mucho trabajo por delante para hacer que la Constitución, que ahora celebramos, sea para todos, también para los militares de las Fuerzas Armadas.