Todas las asociaciones profesionales de militares presentes en el Consejo de Personal se han reunido con los grupos parlamentarios PSOE, SUMAR, PP y VOX, para reclamar incrementos retributivos en los presupuestos generales del Estado para este año 2024.
No caben más excusas, es el momento de preocuparse por el devenir profesional y familiar de unos militares continuamente relegados en las prioridades de los gobiernos de la nación.
La ministra Robles ya dejó claro su inmovilismo y falta de preocupación por los salarios en la Comisión de Defensa del pasado 25 de enero al pedir una proposición de Ley conjunta de todos los grupos para incrementar las retribuciones de las Fuerzas Armadas, como si ella no formara parte del Gobierno que tiene esa competencia y responsabilidad.
El personal militar sufre un grave problema retributivo, del que la ministra es conocedora desde el mismo momento en que accedió al cargo. Durante su mandato ha habido concentraciones y manifestaciones de militares con pancarta en la calle en más de una ocasión, cosa que no había sucedido antes. El Observatorio de la Vida Militar ha recogido en dos informes (correspondientes a 2016 y a 2022) la malísima situación de las nóminas de nuestros militares, instando a solucionar el problema, sin que se haya hecho nada de calado para solucionar esta agónica situación.
Tiene muy difícil explicación que tras un incremento del presupuesto de Defensa del 42,5% en los últimos cuatro años, no se destine un porcentaje de esa inversión a mejorar los paupérrimos sueldos de los militares acercándolos, al menos, a los de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que en los últimos años han visto reducida la desventaja retributiva con los policías autonómicos gracias a una equiparación salarial ejecutada en varios tramos. Es indignante tener que escuchar casi todos los días los cínicos discursos rimbombantes sobre igualdad, integración o justicia social dirigidos a los ciudadanos, cuando la empresa “Gobierno de España” apenas paga el salario mínimo a un soldado profesional o discrimina laboralmente a decenas de miles de militares que tienen disponibilidad permanente, constante movilidad geográfica y están obligados a realizar jornadas laborales que pueden llegar a triplicar a la de cualquier otro trabajador. Todo ello, sin derecho a retribución alguna por esas horas extraordinarias, tanto económicamente como en una mejora en las condiciones para la jubilación, al igual que ocurre en otros colectivos de servidores públicos.
Ya no caben más excusas, es el momento de preocuparse por el devenir profesional y familiar de esos “soldaditos de todo a cien” o “chicos para todo” que son requeridos habitualmente por el Gobierno y por las administraciones autonómicas y locales para realizar misiones de vital importancia para la sociedad a la que sirven, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Menos palabras huecas y llenas de azúcar, ya es hora de reconocer que nuestros militares merecen ser retribuidos con sueldos dignos y justos.