Las expertas señalan que estas desapariciones forzadas, principalmente de integrantes del partido político en la oposición y militares, pueden tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente
Desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, han advertido expertas independientes de la ONU.
En su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares.
«Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente», advirtieron las integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
«Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada», afirmaron en un comunicado.
Informar a los familiares
Y explican que “privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación”.
Por ello, consideran “crucial que se garantice sin demora” información precisa sobre las personas privadas de libertad a cualquier persona que tenga un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección.
“El delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos”, señalaron. Entre ellos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser sometido a actos de tortura.
Además, consideran que también se violan los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida.
«En estas situaciones, a menudo son las familias de las personas desaparecidas quienes llevan la carga de buscar a sus seres queridos en centros de detención, donde no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias», dijeron las expertas.
Y recordaron que «el Estado tiene la obligación de buscar y develar la verdad sobre las personas desaparecidas”, así como que la impunidad de estos crímenes socava la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones, y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.
En el comunicado, las expertas instan al Estado de Venezuela a que tome medidas para:
- prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada
- proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado
- ofrecerles todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y a recibir visitas de éstos, el acceso a asistencia letrada de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está en contacto con las autoridades en este respecto y ha expresado al Gobierno su disponibilidad para proporcionar cooperación y asistencia técnica, con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares, y que cualquier caso de desaparición forzada se investigue de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.