En Noviembre del 2018 agentes de la Policía Local presentaron reclamación al establecerse judicialmente que los complementos de nocturnidad y festividad se tenían que pagar en las ausencias retribuidas. Dicho criterio judicial procedía del TSXG, y posteriormente de los Juzgados de lo Cont/Adm de Pontevedra con relación a demandas de los bomberos de Pontevedra.
Una vez que los Juzgados de lo Cont/Adm. le dieron la razón a los bomberos, obligando al Gobierno Local a abonar los 4 años anteriores a la demanda más los intereses legales, el Gobierno decidió negárselo a los policías locales. Poco le importó que fueran casos similares y que se quebrara el principio de igualdad retributiva.
En el año 2020 se iniciaron los primeros procedimientos de reclamación, que finalizaron en el año 2022/2023 con sentencias de los tres Juzgado de lo Cont/Adm de Pontevedra que fallaron a favor de los policías condenando al Gobierno Local a abonar los complementos salariares de los 4 años anteriores más intereses legales. Ante las dificultades puestas por la Administración para calcular las cantidades que eran objeto de la demanda, el Juzgado establece que: «La fijación del importe de tales retribuciones habrá de tener lugar a cargo del Concello de Pontevedra, por los funcionarios competentes a tal fin, previa revisión de las listas de servicio impresas (día a día) del período reconocido para el funcionario correspondiente, (…)»
Este empecinamiento de «maltratar al personal» a pesar el coste de los fallos judiciales para las arcas municipales y las horas de trabajo de tramitación de los procedimientos, supone que:
– Que unos 30 policías tuvieran que demandar con abogado y procurador al Concello de Pontevedra, mientras que el Gobierno Local se defiende de sus malas prácticas con asesoría gratuita que le facilita el Concello y paga el pueblo.
– Las primeras sentencias, que datan de noviembre de 2022, tardaron en ejecutarse un año, lo que supuso el pago de intereses desde el inicio del procedimiento en el año 2020, hasta el año 2023, que se realizaron los pagos. En total se estima que tuvieron que pagar cerca de los 112.000 € de indemnización por lo pagos no efectuados, y más de 9000 € de intereses de demora.
– Los policías que no habían reclamado o quedaron en la vía administrativa, en torno a los 40, no tienen respuestas a sus escritos o bien están de nuevo pendientes de juicio.
Esta situación quiebra el principio de igual entre trabajadores, ya que en la práctica por las mismas actividades, 30 agentes cobraron unas retribuciones mientras otros continúan a la espera. El gobierno local lo que hace es continuar alimentando una conflictividad laboral que después niega, a pesar de que tenga que pagar intereses y en su caso costas judiciales.
Mientras que la Sra. Villaverde anuncia públicamente victorias judiciales relacionadas con el RPT – que afecta a la valoración del puesto de 10 oficiales de Policía – «olvida» informar a los medios, que el TSXG se tiene que pronunciar sobre la legalidad de su aprobación que afecta a más de 100 policías y bomberos. Tampoco demuestra que es de fiar, cuando niega la información a los medios que el Gobierno Local acaba de perder una sentencia en el TSXG que falla a favor del abono a varios Policías Locales de un complemento por jubilación anticipada firmado por ellos mismos en el convenio y que se vino pagando hasta que los solicitaron los policías. Han tomado la decisión de recurrir al Tribunal Supremo, en este caso la doctrina de Galicia no le vale, buscan la de España a ver si le es más favorable y de esa manera perjudicamos a los trabajadores y como son policías mejor.
CCOO exige al Gobierno Local del BNG que cese en su persecución contra los trabajadores y trabajadoras del Concello de Pontevedra, que cumpla en primera instancia las sentencias favorables a los derechos laborales y que extienda sus efectos al resto de personal en similares circunstancias sin que sea preciso nuevos procedimientos,
Que asuma las responsabilidades políticas de privar a las personas que trabajan en el Concello de Pontevedra de sus derechos, ya que son ellos y ellas – Gobierno – quienes desde hace tiempo han llevado las relaciones laborales a los Juzgados.