Juan Esteban Méndez Leiva, responsable de Administración Local de FAC-USO Galicia, había denunciado que no se le hubiese facilitado documentación del Presupuesto Municipal para 2024 y de la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
En marzo, la Valedora admitió a trámite una queja suya, luego de que Crespo le hubiese obligado a desplazarse a Lalín, para ver la documentación, después de que el 2 de enero, por comunicación electrónica, y el 8, por petición en el Registro General, hubiera solicitado tener acceso a los dos expedientes, y no hubiera obtenido respuesta alguna.
Como el día 10 de enero fue a Pontevedra, a la vuelta, paró en el consistorio lalinense, donde no tenían constancia de ninguna petición. Posteriormente, al salir, le notificaron que tenía que volver, personalmente, a la Casa Consistorial, para acceder a la documentación, como le había dicho la Interventora ese día, por lo que tuvo que volver el día 15.
Posteriormente, tuvo conocimiento de que se le habían mandado informes de esos dos expedientes, no solo a Lourdes Pedrazuela Bea, representante de USO Galicia, sino también a un particular, quienes la recibieron en su correo electrónico y en su domicilio particular, respectivamente, mientras que a él, no solo se la negó, después de haberla pedido, por escrito, hasta en dos ocasiones, viéndose obligado a desplazarse, en su vehículo, al consistorio lalinense, para acceder a la misma, sino que también tuvo que apuntar, en pleno siglo XXI, de su puño y letra, lo que consideró oportuno.
Por último, censurar la falta de transparencia a una información, que estaba en exposición pública, vulnerando, doblemente, sus derechos fundamentales, como sindicalista y como interesado.