“El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”, dijo la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela*.
De acuerdo con sus expertos, el Estado ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a 23 muertes documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que las denuncias deben investigarse y que, de confirmarse un abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad o de civiles armados progubernamentales, debe haber rendición de cuentas.
Los datos de los expertos, obtenidos del análisis de informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, señalan que después de la elección fueron detenidos al menos 1260 personas.
Los números proporcionados por el Fiscal General de la República elevan aún más a cifra al reportar 2200 detenidos de manera indiscriminada, con la calificación de “terroristas”.
Entre las personas detenidas se cuentan dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, considerados o percibidos como opositores por las autoridades.
Muchas de las detenciones ocurrieron después de que esas personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades fueron a buscarlas a sus casas.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso”.