La Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) lamenta profundamente los tristes sucesos ocurridos este fin de semana en la provincia de Toledo, en los que un niño de once años en Mocejón y una menor de 17 años en Otero perdieron la vida en circunstancias violentas. Como padres y como guardias civiles, compartimos el dolor de las familias y exigimos que los responsables sean encontrados, juzgados y condenados con las máximas penas. Estos hechos trágicos revelan una grave realidad: el modelo actual de despliegue de la Guardia Civil no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de las zonas rurales de España.
Déficit de efectivos en Toledo y Castilla-La Mancha
El último catálogo de puestos de trabajo revela un déficit significativo de efectivos en la provincia de Toledo, donde se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad de esta provincia. Este déficit es igualmente preocupante en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha y se extiende por toda España. Deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad.
Tiempos de respuesta inaceptables
El asesinato del niño de once años en Mocejón ilustra claramente las deficiencias en la capacidad de respuesta. Aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos. Este intervalo permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado. En el caso del asesinato en Otero, la situación fue aún más grave. El primer aviso de la discusión se produjo a las siete y fue media hora después, según los testigos, cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia. La primera patrulla tardó aún más tiempo en arribar, dejando a la comunidad desprotegida en un momento crítico y en el que una presencia preventiva de los guardias civiles podría haber arrojado un resultado diferente a los hechos. «Estos tiempos de respuesta son inaceptables», declara Javier Montero, portavoz de JUCIL. «En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos».
Un derecho a la seguridad igual para todos
JUCIL, en nombre de todos los habitantes de las áreas rurales de España, alza su voz para gritar un «¡basta ya!» a la actual situación de inseguridad que soportan y sufren los ciudadanos que residen fuera de las principales ciudades. Exigimos una reflexión seria e inmediata sobre el modelo de seguridad que hoy se ofrece a estas áreas rurales, y solicitamos que se adopten medidas urgentes para garantizar una presencia y una respuesta más efectiva de las fuerzas de seguridad en estas zonas.
«Es imperativo repensar y reforzar el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas rurales», explica Montero. «Todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, tienen derecho a una protección adecuada y eficaz. No podemos permitir que ocurran de nuevo situaciones como las sufridas este fin de semana en dos pueblos de Toledo».