El texto que Izquierda Unida defiende ya en los plenos locales busca “poner límites, también a nivel municipal, a la hipocresía, el tacticismo político o la simple ocultación de postulados ideológicos xenófobos y racistas de los que hacen gala determinadas formaciones de derecha y ultraderecha”, porque “ya es hora de que se retraten ante sus vecinos y vecinas quienes solo buscan disimular que rechazan ayudar a los/as menores que huyen de la pobreza, las guerras o las consecuencias del cambio climático”.
Izquierda Unida está presentando y seguirá haciéndolo en las próximas semanas en los plenos de los ayuntamientos de todo el Estado con representación una moción para que las corporaciones locales
muestren su apoyo, entre otras cuestiones, “a la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social -más conocida como
ley de extranjería- para establecer mecanismos vinculantes y solidarios que ayuden a garantizar los derechos de la infancia migrante”.
De esta forma, IU quiere “poner límites, también a nivel municipal, a la hipocresía, el tacticismo político o la simple ocultación de postulados ideológicos xenófobos y racistas de los que hacen gala determinadas formaciones de derecha y ultraderecha, tanto a nivel nacional como local”.
“Es hora -incide esta formación- de que se retraten directamente ante sus vecinos y vecinas quienes buscan disimular que sencillamente rechazan ayudar a los/as menores que huyen de la pobreza, las guerras o
las consecuencias del cambio climático, y que han llegado a nuestros país en la mayoría de casos tras peligrosas travesías que dejan importantes secuelas físicas y emocionales en muchos de ellos”.
Izquierda Unida defiende que actuaciones políticas como esta moción “son más necesarias ahora que nunca ante la grave situación de emergencia humanitaria que afecta a más de 6.000 menores migrantes llegados solos a Canarias, principalmente, pero también a Ceuta y Melilla, y que obliga a tomar medidas para garantizar su acogida, tutela y custodia en condiciones dignas”.
En su parte propositiva, la moción que defiende Izquierda Unida plantea también que los ayuntamientos instar al gobierno de su comunidad autónoma a que “cumpla con los acuerdos establecidos el año pasado
para el acogimiento de menores no acompañados, y con los nuevos compromisos de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Canarias en julio de 2024”.
De la misma forma, el texto insta también a “los grupos parlamentarios del Congreso a apoyar la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, relacionada con los menores no acompañados” y al Ministerio de Juventud e Infancia a “que siga impulsando medidas para garantizar los derechos de las niñas y niños migrantes”.
El pasado 23 de julio la derecha y la ultraderecha de PP y Vox sumaron intereses a los independentistas de Junts para tumbar por 177 votos en contra y 171 a favor la proposición de ley que presentó el Grupo
Plurinacional Sumar, junto a PSOE y CC. El texto planteaba modificar la ley de extranjería para que las comunidades no pudieran rechazar la acogida de menores migrantes que se pueda decidir en casos de
saturación.
Izquierda Unida destaca en su moción que va a recordar “tantas veces como sea necesario” que “la protección del interés superior del menor se configura como un principio rector fundamental en la actuación
de los poderes públicos”, un principio “consagrado en diversos tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño”. En su artículo 3.1, establece que ‘en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atendrá será el interés superior del niño’.
Dicha obligación se concreta en la Constitución Española en el artículo 39.4, que señala que ‘los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos’. Además, este principio ha sido reforzado en normas posteriores, como la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia.
Para IU, “la protección del interés superior del menor no es solo un mandato legal, sino un imperativo moral que exige una respuesta inmediata y eficaz. Cada día que pasa sin una solución adecuada se pone en riesgo el futuro y el bienestar de miles de niños y niñas. No podemos permitir que esto continúe. Actuemos ahora con responsabilidad y humanidad”.
Izquierda Unida defiende que “pese a las mentiras, los intereses partidistas a corto plazo y la continua desinformación que impulsan la derecha y la extrema derecha” España cuenta con “los recursos
necesarios para atender adecuadamente a la infancia migrante que lleganen condiciones de extrema vulnerabilidad”. De ahí que se sea necesario “implementar políticas efectivas y coordinadas a nivel
estatal y autonómico para asegurar que estos menores reciban la protección y el cuidado que merecen. La creación de una red de apoyo que involucre a diversas instituciones y organizaciones puede ser clave
para proporcionar un entorno seguro y favorable para su desarrollo”.