La asociación profesional celebra la localización de uno de los presuntos asesinos y confía en la pronta detención tras haber sido identificados de los otros tres tripulantes de la lancha rápida que pasó por encima de la débil embarcación con la que los guardias civiles intentaban su detención en la bocana del puerto de la localidad gaditana
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) manifiesta de manera pública su satisfacción tras la detención del presunto autor del asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, fallecidos el pasado 9 de febrero cuando la embarcación en la que prestaban servicio fue embestida por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz). Otros agentes resultaron heridos en el mismo incidente. Esta detención del que se considera pilotaba la narcolancha que arrolló a los guardias civiles es un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas.
JUCIL, a través de su secretario general Ernesto Vilariño, manifiesta que «la detención es un avance necesario, pero debe haber responsabilidad en todos los niveles», y reitera de esta manera su exigencia de que los mandos que autorizaron la operación —el coronel de la Comandancia de Cádiz y el general jefe de la Zona de Andalucía— sean investigados por el juzgado como posibles autores de un delito de homicidio imprudente por enviar a los guardias civiles a una misión sin los medios necesarios para garantizar su seguridad.
Dimisiones y comisión de investigación
JUCIL solicitó por estos mismos hechos la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien recientemente ha dimitido, pero por otros motivos. «La mala planificación y la falta de medios adecuados fueron factores clave en que la operación finalizara con la muerte de dos compañeros», señala Vilariño, para enfatizar que la situación no se puede dejar pasar sin una investigación profunda.
La asociación que defiende los intereses laborales y sociales de los guardias civiles también insiste en que, tras estos hechos y desde hace tiempo, reclama la declaración del Campo de Gibraltar y parte de Andalucía como Zona de Especial Singularidad, debido a la presión cada vez mayor de las mafias del narcotráfico y tráfico de migrantes. Este estatus proporcionaría más incentivos y seguridad para los agentes que operan en esta zona especialmente peligrosa.
Vilariño también subraya que JUCIL mantiene la exigencia de una Comisión de Investigación en el Congreso, dentro de la Comisión de Interior, que determine las posibles responsabilidades políticas detrás de esta operación fallida, más allá de las responsabilidades penales que se investigan.