Durante la pandemia de COVID-19, los autónomos enfrentaron uno de los periodos más inciertos y difíciles en la historia reciente. La paralización económica y las restricciones sanitarias forzaron a miles de profesionales por cuenta propia a cerrar sus negocios, a reducir su actividad drásticamente o incluso a cesar completamente su trabajo. En medio de esta crisis, el gobierno ofreció una ayuda vital: el cese de actividad, un subsidio destinado a compensar la falta de ingresos de aquellos que no podían continuar con su actividad habitual.
Sin embargo, lo que parecía una respuesta de emergencia justa y necesaria para salvaguardar a millones de autónomos, ahora está generando una gran controversia y malestar. A pesar de que estas ayudas se concedieron basadas en declaraciones juradas, el gobierno está reclamando la devolución de muchos de esos subsidios, una medida que para muchos resulta injusta y profundamente inmoral.
La Declaración Jurada: Una Decisión Bajo Presión
En los primeros meses de la pandemia, los autónomos se enfrentaban a un panorama desolador. Los negocios cerraban de un día para otro, y la incertidumbre sobre cuándo y cómo se reactivarían las economías locales generaba un miedo generalizado. En ese contexto, el gobierno ofreció una solución rápida: los autónomos podían solicitar el cese de actividad rellenando una declaración jurada, donde afirmaban cumplir con ciertos requisitos relacionados con la disminución de sus ingresos.
Sin embargo, la naturaleza de esta declaración era ambigua. Muchos autónomos, asustados por la situación y la falta de ingresos, vieron en esta ayuda una tabla de salvación a la que aferrarse para sobrevivir a la crisis. Pero en muchos casos, la falta de claridad en los criterios y el caos administrativo llevaron a que, más tarde, se considerara que no cumplían exactamente con los requisitos, desencadenando ahora las devoluciones de las ayudas percibidas.
La Injusticia de la Reclamación
Lo que resulta injusto e inmoral de esta situación es que el contexto en el que se solicitó la ayuda fue de extrema incertidumbre y miedo. Los autónomos no estaban en una situación de estabilidad donde pudieran evaluar claramente si cumplían todos los requisitos; la mayoría simplemente intentaba proteger su sustento en un momento donde no había otra salida visible. Con la economía paralizada y las facturas acumulándose, era lógico que aceptaran cualquier ayuda que se les ofreciera.
El hecho de que ahora, con la pandemia aparentemente controlada pero con los efectos económicos aún presentes, se exija la devolución del cese de actividad, agrava aún más la situación. No solo es un golpe económico para quienes ya están luchando por recuperarse, sino que además es una medida que genera una profunda desconfianza en el gobierno y en las instituciones que supuestamente están para proteger a los más vulnerables en tiempos de crisis.
La Responsabilidad del Gobierno
El gobierno no puede desligarse de su propia responsabilidad en esta situación. Fue el propio Estado el que, ante la urgencia del momento, optó por un procedimiento rápido y simplificado basado en declaraciones juradas. Esta elección era comprensible dada la rapidez con la que se necesitaba actuar, pero también implica una responsabilidad por parte de las instituciones.
La falta de una orientación clara en su momento, la ambigüedad en los requisitos y la falta de acompañamiento a los autónomos durante ese proceso han llevado a esta situación. Ahora, exigir la devolución de esas ayudas sin tener en cuenta el contexto original es profundamente injusto. No se puede cambiar el criterio una vez que la crisis ha pasado, y menos aún castigar a quienes, de buena fe, aceptaron una ayuda que en ese momento parecía su única salida.
Un Doble Golpe para los Autónomos
Es importante recordar que los autónomos fueron uno de los sectores más castigados por la pandemia. Mientras muchos trabajadores por cuenta ajena pudieron acogerse a medidas como los ERTES, los autónomos quedaron más desprotegidos. Para muchos, el cese de actividad no fue un lujo ni una elección sencilla; fue una cuestión de supervivencia.
Ahora, exigirles que devuelvan esa ayuda es un doble golpe. Por un lado, muchos aún no han logrado recuperarse completamente de las pérdidas sufridas durante la pandemia. Por otro, la devolución de estas ayudas supone una nueva carga financiera, que no solo afecta sus negocios, sino que también pone en peligro su estabilidad personal y familiar.
¿Es Posible una Solución Justa?
Es evidente que, ante esta situación, lo más ético sería que el gobierno reconsiderara estas devoluciones. No se trata de perdonar fraudes ni de ignorar situaciones de abuso, pero sí de entender el contexto en el que se tomaron estas decisiones y de ajustar los criterios a la realidad de aquellos meses de incertidumbre.
El gobierno podría adoptar una posición más comprensiva, teniendo en cuenta la buena fe de los autónomos que solicitaron la ayuda y ofreciendo alternativas razonables. Por ejemplo, en lugar de exigir devoluciones inmediatas, podrían plantearse medidas como condonaciones parciales, facilidades de pago a largo plazo o revisiones más flexibles de los requisitos. También sería una oportunidad para reforzar la confianza entre los autónomos y el Estado, demostrando que las instituciones están para proteger, no para castigar a quienes intentan sobrevivir en tiempos de crisis.
Conclusión
La devolución del cese de actividad para los autónomos que lo solicitaron durante la pandemia representa una profunda injusticia. Se les está exigiendo pagar el precio de decisiones tomadas bajo presión y miedo, en un momento en el que el gobierno mismo no proporcionó una orientación clara. La ética y la justicia exigen que se reconozca el contexto en el que estos profesionales actuaron y que se busquen soluciones más compasivas y razonables, en lugar de imponer nuevas cargas a quienes aún luchan por recuperarse.
A.U.P.A continuará defendiendo los derechos de los autónomos y abogando por soluciones justas ante esta situación.