En cuanto se confirmó el resultado de la votación que otorgaba a Rafael Louzán Abal la presidencia de la RFEF me sobrevino un pensamiento contradictorio. Por un lado, la preocupación por el maltratado fútbol, que ya no tiene reparos en dar la confianza a una persona sentenciada por la justicia por haber pagado dos veces a un amigo la misma obra en un campo de fútbol de Moraña; por otro, el alivio de que se aleje del fútbol gallego y, después que Pablo Prieto -probable sustituto- desgobierne la gestora, haya una nueva alternativa que sacuda cuatro “legislaturas” con tres políticos mediocres (Liñares, Louzán y la ballena de éste, que no el delfín, Prieto) dentro de tres años.
El lugarteniente de Nené Barral
Cada vez que aparece el nombre de Rafael Louzán no puedo evitar asociarlo con lo turbio. Se ha publicado que su plaza de bedel, en el ayuntamiento de Ribadumia, fuera creada a imagen y semejanza de su perfil, como cuando se montan los chiringuitos.
A Louzán le persigue la penumbra desde sus orígenes. Su formación política está ligada a Nené Barral, uno de esos de los que pasan por las páginas y fotogramas de “Fariña”. Barral, que lo tuvo como su lugarteniente en la política local de Ribadumia, fue un alcalde de mayorías, pero no de ejemplaridades. Como Capone, solo pudo ser condenado por fraude fiscal. Su enfermedad terminal lo libró de una probable condena por contrabando, soborno y asociación ilícita, hechos por los que la fiscalía pidió diez años de prisión y una multa de quince millones de euros.
Tocar poder, frecuentar juzgados y dejar cadáveres
Louzán se promocionó internamente en el PP hasta alcanzar la cúpula provincial en Pontevedra, que le abrió las puertas para presidir aquella Diputación Provincial. Rozó, o estuvo difusamente metido en la investigación de la Operación Patos, fue investigado por un delito de cohecho impropio en Vigo, castigado por prevaricar siendo presidente de la Diputación de Pontevedra. Tras entrar en el fútbol, sepultó a varios de los que le ayudaron.
Liberado del caso Navia por la invalidación de pruebas de Fiscalía
Cuando alcanzó el máximo poder en dicha Diputación, su nombre empezó a visitar expedientes judiciales. El primero que alcanzó renombre fue un delito de cohecho impropio. Cinco años duró el procedimiento, de 2016 a 2021. Se juzgaban supuestos sobrecostes en tres bajos en el barrio de Navia, en Vigo. En el meollo estaban Teresa Cores, esposa de Louzán, y Severino Reguera, diputado provincial del PP por Pazos de Borbén. Su culpabilidad no quedó probada, pero tampoco su inocencia fue manifiesta. La Audiencia Provincial pontevedresa archivó la causa al anular pruebas aportadas por la Fiscalía en el proceso de investigación del ministerio público.
O Boelo, el escenario que puede mandar a Louzán a la lona
La razón que aún puede evitar que Louzán asiente confortablemente sus posaderas en Las Rozas tiene que ver con los sobrecostes pagados por la Diputación de Pontevedra a la empresa Eiriña por obras en el morañés campo de O Boelo. El delito llevó a Louzán y a Luisa Piñeiro, entonces delegada de la Xunta en Pontevedra, al banquillo. El juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra impuso a Louzán una pena de dos años de prisión y siete años de inhabilitación para ejercer cargo público. Louzán recurrió a la Audiencia Provincial, que aunque lo absolvió del delito de fraude, retirándole la pena de prisión, mantuvo la inhabilitación por siete años al entender que había prevaricación en la concesión a Eiriña de una subvención de 86.311 euros.
Hierba artificial, COVSA y familia
La obsesión por la hierba artificial fue su seña de identidad en el deporte mientras presidió la Diputación. Más de un centenar de campos municipales dejaron su barro y las hierbas irregulares por el césped sintético. En la prensa de hace casi una década aparece el malestar en ciertos sectores de la sociedad por el abuso en el gasto orientado a este asunto. Igualmente, que fuese muy frecuente la presencia de COVSA (Construccións, Obras e Viais S.A.), lo que extendió la sospecha no probada de que las obras llevasen aparejadas mordidas. COVSA está asociada a Áridos del Umia, una empresa que en cierto momento se relacionó con la presencia de miembros de la familia de Louzán en la misma.
El amigo de las obras y los “planes renove”
Louzán siempre ha sido amigo del negocio del ladrillo. Allí donde ha ido, siempre tuvo claro que las obras debían ser otro de sus signos de identidad. En 2014 lo anunció para el sector turístico pontevedrés. Alejado de aspectos culturales, siempre se decantó por lo material, por organizar presupuestos para infraestructuras. Su orientación se volvió una obsesión por aplicar criterios de obsolescencia a todo aquello que tuviese piedra, ladrillo y cemento. Así, más que otra cosa, lo importante estaba en hacer reformas en locales que iban desde Paradores hasta el Gran Hotel de A Toxa.
No dejaron de llamar la atención la creación de tres centros urbanísticos durante la parte final de su mandato provincial.
Su amor por el ladrillo y los planes renove se volvió a poner de manifiesto en cuanto tomó posesión de la entonces Federación Galega de Fútbol (luego la convertiría en Real tras solicitud a la Casa de Felipe VI, imponiéndoselo al fútbol gallego sin haberlo consultado). Louzán acometió obras en las delegaciones y subdelegaciones (cierto que alguna tenía necesidad, pero no todas) y trasladó la sede principal federativa del centro de A Coruña a la zona de la Universidad.
Sentencia de «muerte» a Falque, Cachaldora, Mesa y Fernández Otero
Louzán nunca da puntada sin hilo. Aprovechó la mano tendida de Gustavo Falque para luego matarlo. Falque, presidente del Coruxo y enemigo eterno del establishment del fútbol gallego formado por Meana y luego por la Asociación de Clubs Galegos de Fútbol, que llevó a Liñares a la presidencia, fue quien se equivocó, como él mismo reconoce, al pensar que era el candidato ideal para cambiar el fútbol gallego tras salir de la política por la puerta de atrás. Falque fue de las primeras víctimas.
Louzán tenía que encontrar acomodo para dos apéndices principales de su amorfo cuerpo de dos brazos derechos: Luis Serantes, siempre al lado del dinero hasta acabar como responsable de la Mutualidad territorial, y Amancio Varela. Los dos venían también de la Diputación de Pontevedra y tenían claro que Falque sobraba. El vigués duró muy poco, pero Louzán ya lo tenía amortizado.
Tampoco duró Cachaldora. El Ourense de finales del siglo XX y comienzos del XXI no se explica sin el caciquismo de los Baltar. Aquella distinción pepera de boinas y birretes tenía como principal representante de las primeras al baltarismo. Baltar estaba en todo, el concepto metastásico de su personalidad iba desde los bedeles de la Diputación de Ourense hasta la delegación de fútbol. Allí estaba José Luis Cachaldora, que fue el segundo delegado en caer, pese a que también le había ordenado el pesebre provincial después de limpiar la oposición del sector arbitral.
El primer delegado en caer fue Quico Fernández Otero, probablemente el de mayor condición humanística que ha tenido el fútbol gallego en el último medio siglo. Su competencia iba más allá de su querencia, pero eso no tiene valor para un clientelista, que necesita la adhesión por encima de la capacidad. El pecado de Fernández Otero fue ser amigo de Liñares. Con Manu Castiñeiras, el ex futbolista, la delegación de Santiago pasó de la luz a la oscuridad. Castiñeiras no estaba por la labor y solo el trabajo de Montse Gianzo le quitó las castañas del fuego. Gianzo duró poco, pues había formado parte del equipo de Fernández Otero y eso también la señalaba para Louzán y su gente. Tras ser sustituida por el comodín Rodríguez Romero desde 2017, hasta encontrarle acomodo a Silvia Cancela, su amiga especial: “le llamamos Rafa porque es muy cercano”.
El caso de Mesa estaba cantado. Louzán, recién instalado, sabía de una conversación del susodicho con Sestayo, aquella nepótica concejala ferrolana, y diputada autonómica por el PSOE, que en el único Concepción Arenal femenino disputado hablaban en el pseudopalco de A Gándara del deseo de que Liñares pudiese volver a la presidencia de la federación, sin percatarse que las alargadas orejas de Louzán estaban detrás. La pandemia le vino bien para eliminarlo, evitando cualquier tentativa de huelga que pudiera alentar en Ferrol el ahora delegado del Racing.
La duplicidad de fichas
El hambre por el dinero tampoco lo escondió Louzán al presentar duplicidades de licencias federativas. A mayor número, más dinero del CSD. Para ello, rompió el negocio del fútbol veterano en Vigo, integrándolo en la RFGF, terminó con la longeva división del fútbol sala gallego al unificarlo definitivamente en el ente federativo territorial; hizo lo propio con el fútbol gaélico, un deporte más cercano al rugby que al balompié y, finalmente, para seguir inventa(ria)ndo licencias, extendió las del fútbol a pie. Sin embargo, lo más llamativo fue que utilizara la base para duplicar fichas de niños que a la vez contaban con licencias deportivas escolares y las propias federativas, al pertenecer a equipos de fútbol adscritos a la RFGF.
Louzán, un presidente condenado y amparado por el buenismo jurídico
Rafael Louzán es un personaje rodeado por ese cuestionable pasado, que aprovecha el buenismo de esta sociedad para acceder al puesto de mayor relevancia en el que haya estado. Las brechas sociales, que propician la crisis en la que estamos inmersos, permiten que este tipo de personajes alcancen puestos de relevancia.
Es cierto que sobre Louzán no ha recaído una sentencia firme, pero no es un ciudadano limpio. La máxima jurídica que defiende al reo ante la duda debe de amparar la libertad, pero no necesariamente la plena libertad. Un individuo condenado a la imposibilidad del ejercicio de un cargo público debería seguir estándolo a tenor de su condición actual de condenado, tras dos juicios con plenas garantías procesales, que determinan que es un prevaricador, que postulan que ha hecho una gestión interesada con dinero público.
La sociedad también debe tener derecho a protegerse de determinados individuos ante determinados indicios, y más cuando tales indicios se traducen en sentencias judiciales, aunque no sean definitivas. De alguna manera, es desvalorizar el papel de la justicia intermedia hasta que no haya una sentencia firme.
En estos momentos, Louzán es un hombre que soporta un deshonor y una sanción. Desde luego, no es un ciudadano que debiera disponer de todos los derechos que le concede un estado a cualquier ciudadano que nos esté sentenciado por un delito.
Sus votantes lo saben y deben tener una responsabilidad por haberle otorgado la confianza si el Supremo confirma la sentencia de Louzán. Como mínimo, en ese caso, deberían de abandonar cargos y condiciones de asambleístas por irresponsables, en el menor de los juicios, en un momento en el que la imagen de la RFEF está en el suelo.
Tal y como están las cosas, tengo que dar la razón al periodista que ayer dijo en petit comité: “Creo que uno de los requisitos para ser presidente de la Federación es cometer delitos”.
