El segundo mandato del presidente Donald Trump avanza imparable. Esta última semana se ha caracterizado por el activismo judicial de algunos jueces izquierdistas nombrados por Obama y Biden, y el cumplimiento de nuevas promesas electorales. Este es el panorama que tenemos.
En un ataque sin precedentes a la autoridad ejecutiva, un juez socialista designado por Obama impidió a los funcionarios del Tesoro acceder a sistemas financieros críticos. Esta mala decisión es un intento de sabotear la Administración Trump y paralizar al gobierno. Pero los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo. El equipo de Trump ha contraatacado y presentado una moción de emergencia para anular esta orden inconstitucional. El estado profundo está en pánico, pero Trump no permitirá que burócratas no electos dirijan el país ni que los jueces activistas de izquierda sigan intentando socavar el liderazgo electo de Estados Unidos.
El DOGE de Elon Musk ha revelado otro desastre de la Administración Biden: FEMA destinó 59 millones de dólares a hoteles de lujo en la ciudad de Nueva York para albergar a inmigrantes ilegales. Los funcionarios de Biden en FEMA está priorizando a los ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses y, en el proceso, está violando la ley. De hecho, enviar este dinero constituye una grave insubordinación a la orden ejecutiva del presidente Trump, que creó un Consejo de Respuesta de la FEMA para detener este despilfarro. Sin embargo, el estado profundo sigue desafiando su liderazgo. Elon Musk ha exigido que se recupere el dinero de inmediato.
Un juez federal, elegido por Obama, decidió bloquear la medida del presidente Trump de enviar a Guantánamo a los inmigrantes venezolanos ilegales pertenecientes a la violenta banda Tren de Aragua. En lugar de hacer cumplir las leyes de inmigración, este juez hace todo lo posible para proteger a personas con presuntos vínculos con pandillas criminales. Trump está luchando por mantener a Estados Unidos y sus comunidades a salvo y seguras, pero los jueces radicales y los activistas socialistas a favor de abrir las fronteras y mantener una inmigración descontrolada tratan de entorpecer su trabajo. La pregunta es evidente: ¿Para quién trabajan realmente: para el pueblo estadounidense o para los criminales que campan a sus anchas por el país? Trump intenta detener esta locura antes de que Estados Unidos siga pagando un precio elevado en criminalidad, costes e inseguridad.
La secretaria del DHS, Kristi Noem acusó al FBI de filtrar información crucial sobre las próximas redadas del ICE. En lugar de ayudar a las fuerzas del orden a acabar con la inmigración ilegal, agentes corruptos del FBI parecen más interesados en alertar a los delincuentes y proteger el desastre de la frontera abierta de Biden. «El FBI es muy corrupto. Trabajaremos con todas y cada una de las agencias para detener las filtraciones y procesar a estos agentes corruptos del estado profundo con todo el peso de la ley», declaró la secretaria Kristi Noem. No se trata de una simple incompetencia, sino de un sabotaje. Mientras ICE lucha por hacer cumplir la ley, algunos agentes del FBI parecen estar trabajando en su contra. ¿Quién mueve los hilos desde el estado profundo? El pueblo estadounidense merece que se rindan cuentas, y Noem tiene razón al exigir justicia. El Congreso debe dar un paso adelante y destruir el estado profundo en manos de los demócratas que sigue activo.
Otra maniobra legal absurda de la izquierda radical. Jamie Raskin está impulsando una demanda a nivel nacional contra el presidente Trump, Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por una supuesta «filtración de datos». Esto no es más que un intento desesperado de utilizar los tribunales como arma contra la agenda de Trump. Es lo que hacen los demócratas cuando se quedan sin ideas y pierden: demandan, gritan «fascistas» e intentan silenciar a quienes luchan por una transparencia real y la verdad. No pueden ganar en materia de políticas, así que intentan saturar a Trump y Musk en tonterías legales. Los estadounidenses nos damos cuenta de esta farsa y del intento de los medios de convertirlo en otro escándalo falso sin base alguna. El contraataque del presidente Trump es contundente y no va a parar de implementar su agenda America First pese a los jueces izquierdistas que intentan sabotearlo.
Otra escandalosa extralimitación judicial ha puesto en suspenso la orden ejecutiva del presidente Trump sobre ciudadanía por nacimiento. A pesar de la clara intención histórica, los jueces activistas siguen tergiversando la 14ª Enmienda para justificar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes ilegales. “La Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos”, ha declarado el presidente Donald Trump con toda la razón, tal y como argumentan también los mejores expertos constitucionales.
Trump está luchando por Estados Unidos, pero algunos jueces de izquierda activistas se interponen en su camino y sabotean su trabajo. ¿Aceptará esto el pueblo estadounidense o exigirá que se respeten las políticas de su presidente electo? Es hora de decir basta a este circo impulsado por los demócratas, que están con una rabieta tremenda por haber perdido la confianza de los votantes.
Como apunte interesante, cabe destacar que entre el 60% y el 70% de los fallos impugnados ante el Tribunal Supremo son desestimados y revocados. Esto se debe a que estas resoluciones de jueces activistas socialistas son basura. En realidad, debería haber una sanción si se revoca su resolución.
Seamos claros, al intentar usurpar ilegalmente el poder del ejecutivo, estos jueces están creando creado una crisis constitucional. Trump, como presidente, tiene el derecho a ignorar sus órdenes y los jueces no pueden hacer otra cosa que lamentarse por ello y poco más. Tiene un precedente histórico ignorando esta interferencia de algunos jueces en Andrew Jackson, y es algo totalmente justificado, ya que ellos no tienen autoridad constitucional para prohibir las decisiones de poder ejecutivo.
Para completar la ofensiva del presidente contra los demócratas que están detrás de estos jueces activistas, los republicanos en el Senado deberían votar para poner fin a la regla obstruccionista, el denominado “filibusterismo”. Por cierto, la maniobra obstruccionista más larga de la historia de Estados Unidos duró 75 días en 1964, cuando los demócratas intentaron bloquear la Ley de Derechos Civiles. Y ahora se ponen medallas al respecto. Son lo más falso que se pueda imaginar. Ha llegado el momento de convertir en ley las órdenes ejecutivas de Trump. Los ciudadanos estamos hartos de que estos jueces federales activistas intenten bloquear decisiones presidenciales en cumplimiento de sus promesas de campaña votadas por la mayoría de ciudadanos.
Resulta revelador ver cómo los demócratas que predican sobre la democracia, la transparencia, la Constitución y el estado de derecho, no tienen ningún respeto por la democracia, la transparencia, la Constitución y el estado de derecho cuando ellos no tienen el control. Las órdenes ejecutivas de Trump se mantendrán y se aplicarán quieran o no y la última palabra la tendrá, en todo caso, el Tribunal Supremo.
A pesar de algunas lamentables decisiones de jueces socialistas (n ose puede esperar nada bueno de ellos) y de los ataques constantes de los medios de desinformación, sus periodistas ignorantes y manipuladores, y del establishment, la aprobación del presidente Trump sigue al alza entre los ciudadanos. Los medios y sus mentirosos portavoces lo han intentado todo: difamaciones, mentiras descaradas, tergiversaciones, escándalos falsos, guerra legal, pero Trump está más fuerte que nunca, luchando por los estadounidenses y ganando el debate de las ideas, la narrativa y la acción de gobierno. La izquierda y el estado profundo están en pánico, pero el mensaje de los votantes es claro: Estados Unidos quiere la agenda America First y Trump está cumpliendo sus promesas. Entre ellas, colocar a los trabajadores y la industria estadounidense en primer lugar al imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Se acabaron los acuerdos comerciales injustos y socavar las industrias estadounidenses con metales extranjeros baratos. La acción de Trump envía un mensaje claro de que los días en que países extranjeros explotaban el mercado estadounidense a expensas de los productores y trabajadores estadounidenses han terminado. La Asociación de Fabricantes de Acero ha aplaudido a Trump por poner en primer lugar a la industria siderúrgica estadounidense y a sus trabajadores.
El efecto Trump también está llegando llega a las Fuerzas Armadas y el reclutamiento en el ejército alcanza su nivel más alto en 15 años y la moral de las tropas estadounidenses vuelve a estar en lo más alto. Y sólo es el principio de este segundo mandato. Nos queda mucho Trump y muchos éxitos por delante.